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Superpanel ético politico

1. No callar (Juan José Millás)
2. El Estado debe combatir la desigualdad e injusticia (Benjamín Forcano)
3. Si Vd. no está indignado es que no sabe lo que está pasando. (Vicenc Navarro)
4.Contra el derecho a decidir (Enrique Gil Calvo)
5. Indulgencia para los procesados en el Parlament (Ignacio Vidal -Foch)
6.Duchas de agua fría y caliente (Joaquín Estefanía)


1
NO CALLAR
Juan José Millás
…Escribir como el que conduce un todoterreno por la selva. Atarse a la silla y no cejar, no renunciar, no entregarse al agotamiento provocado por la corrupción omnipresente; no renunciar a leer la letra pequeña de la podredumbre general, llámese Blesa, Rato, María Tardón, Ignacio González, Gürtel, Esperanza Aguirre; trátese de los cursos de formación no dados en Andalucía o en Madrid, del agotador caso de los ERE…
Escribir y avanzar, mientras escribes, por las cloacas del Estado. No rendirse ante los sumarios de 1.000 folios, de 200 tomos, de 40 gigas de memoria. Preguntar por escrito cada día qué fue de los consejeros de Caja Madrid que representaban a UGT, a CC OO, al PSOE, a IU.
Escribir como el que mea sobre la guarida del grillo, para que salga fuera y cante. Escribir para que nos expliquen qué hacían allí, cuánto cobraban, por cuánto los compraron, por qué cantidades se dejaron vender, que nos expliquen si han vuelto a sus organizaciones y cómo han sido recibidos en ellas.
Escribir también pese a la fiebre. Sentarse a la mesa y agarrarse al portátil como el que toma los mandos de una locomotora a punto de descarrilar. Escribir aunque se haga la hora de la horca. No dimitir, en suma, no callar.

2
Un Estado de Derecho debe combatir la desigualdad y la injusticia
Benjamín Forcano
Si no leo mal, nuestra Constitución diseña “ Un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores la justicia y la igualdad” (art. 1), dentro del cual a nuestra vida individual y colectiva se les asegura una digna calidad de vida. Y son los poderes públicos precisamente quienes “deben promover las condiciones necesarias para que la igualdad del individuo y de los grupos sea real y efectiva “ (Ar. 9,2).
Casi a diario podemos comprobar la befa a que es sometida la normativa de nuestra Constitución. El Gobierno podrá dar todas las explicaciones que quiera, pero los hechos pregonan una contradicción intolerable. Nos habla de la salida de la crisis y de haber dejado atrás la ruta amarga de la recesión. Y, sin embargo, los datos dejan al descubierto la cruda realidad: “Vivimos en un programa de inestabilidad que no dice cómo resolver los grandes problemas de la economía española. Europa vuelve a ser una ninfa, pero raptada por malos políticos, no por los dioses” (José Carlos Díez, “No dimitir”, El País, 2 de mayo de 2014). Y de este prestigioso economista y del mismo artículo suyo son los datos siguientes :
- Tenemos 6.000.000 de parados.
- 800.000 hogares no tienen ningún ingreso.
- Un 10 % de los trabajadores con salarios más bajos han perdido un 25 % de capacidad adquisitiva.
-Nuestra tasa de paro juvenil es la mayor en Europa después de Grecia. En lo que va de esta legislatura, el PP ha destruido el 25 % de empleo joven. ¡Cómo no van a marcharse los jóvenes de España!
-España cerró el 2013 con 17.000 millones de ingresos menos de lo previsto en su presupuesto.
-La presión fiscal es la segunda más baja de Europa.
- En el 2013, el PP dijo:
= El PIB crecerá un 0,2 % y cayó el 1,2 %.
= Se destruirá un 0, 4 % de empleo y se destruyó un 3,4%.
= La tasa de paro será de un 24 % y fue de un 26,4 %.
= El déficit público será de un 3 % y superó el 7 %.
= La deuda pública será del 82 % y está en torno al 100 %.
¿Alguien se cree que se van a construir en apenas dos años 700.000 viviendas y crear 600.000 puestos de trabajo?
Ni uno solo de los muchos capítulos económicos y sociales ha mejorado en esta legislatura, todos han empeorado. La brecha de la desigualdad y la injusticia lejos de aminorar se ha agrandado y consolidado.
Pero, hay otros hechos no menos indicativos de esta brecha creciente, siempre conculcando a sabiendas y ferozmente la Constitución.
La Constitución establece:
- “Todos los españoles son iguales ante la ley” (Art. 14) y “Tienen derecho a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia” (Art. 35,1).
- “El respeto a los derechos de los demás es fundamento del orden político y de la paz social” (Art. 10, 2).
- “Queda prohibida la arbitrariedad de los poderes públicos (Art. 9,3) y “Los poderes públicos podrán realizar privaciones de bienes y derechos por justificación de utilidad pública o de interés social” (Art. 33, 3).
Antonio BRUFAU, presidente de la REPSOL (es sólo un ejemplo) decide recortar la mitad de su sueldo, que aún así le queda en 2,5 millones de euros, es decir, más de un millón de pts. diario.
Teddy BAUTISTA, (es sólo otro ejemplo) denunciado y defenestrado de la SGAE (Sociedad General de Autores) después de 30 años de gestión, por delito continuado de apropiación indebida y administración fraudulenta e impedir a los socios el derecho de información y participación, pudiéndole caer hasta 10 años de cárcel, recibe alborozado la noticia de que:
-El 25 de marzo de 2014, el Juzgado de Primera Instancia Nº 9, de Madrid, desestima las alegaciones de la Aseguradora , de las Asociaciones y de la misma SGAE que lo denunciaron y sentencia que recupere la Pensión vitalicia pactada : 26.269 € mensuales y también las mensualidades no cobradas desde junio del 2012: 183.886 €.
Estamos en un Estado de Derecho, en que la ley es igual para todos, en que la vida y convivencia se rigen por los principios básicos de la igualdad y la justicia, donde los poderes públicos deben velar y hacer cumplir los derechos de todos los ciudadanos, donde miles de ciudadanos y de familias no disponen de recursos para satisfacer necesidades elementales, donde el Estado dispone de poderes para combatir el egoísmo, la arbitrariedad y la rapiña de ciudadanos indecentes. ( El Sr. Batista cobra al mes por pensión lo equivalente a lo de 41 españoles por una pensión mensual de 630 € o lo equivalente a lo de 26 ciudadanos con una pensión de mil euros).
Esto es lo grave, y no son tan pocos los ejemplos que se podrían aducir. ¿Cuántos millones y millones podría el Estado recabar justa y legítimamente de estas y otras fortunas y acabar así con la crisis?
El Estado de Derecho, la Constitución, la Etica natural, las normas básicas del buen vivir , la solidaridad y el sentido común dictan que esto es intolerable e intolerable que los poderes públicos -administrativos, judiciales, políticos…- dejen impunes estos escándalos de lesa justicia y humanidad, que ponen en grave riesgo el orden económico y social de nuestra sociedad.
3

  VICENÇ  NAVARRO
  Catedrático de Políticas  Públicas.
Si Vd. no está indignado, es que no sabe lo que está pasando

  La  población en general no sabe lo que está ocurriendo...
y ni siquiera  sabe que no lo sabe". (Noam  Chomsky).
 

Si  usted, lector, no está indignado es que no sabe qué está pasando en su  país. Seguro que es consciente de que la situación económica y social del país no está yendo bien. En realidad, está yendo muy mal. El desempleo ha alcanzado niveles récord en la Unión Europea y en España.  Y las agencias internacionales más fiables dicen que la  economía española no alcanzará los niveles de desempleo que tenía antes  de que se iniciara la crisis hasta veinte años (sí, ha leído bien,  veinte años a partir de ahora).
Y puesto que el desempleo juvenil es el  doble del general, estos pronósticos quieren decir que estamos quemando  nuestro futuro, pues muchas generaciones jóvenes estarán en una  situación desesperada, habiendo sido convertidas en inservibles.
Esta  situación de los jóvenes está también afectando negativamente al futuro  de la Seguridad Social, contradiciendo, por cierto, el famoso argumento  de que el problema de las pensiones es que hay demasiados ancianos y  muy pocos jóvenes. La falacia de este argumento queda claramente  al descubierto en la crisis actual. El problema de las pensiones no es  que no haya jóvenes sino que no hay trabajo para ellos. Este es el problema que el famoso argumento catastrofista basado en la transición demográficaoculta.
 
Esta crisis ha sido consecuencia de unas  políticas públicas llevadas a cabo por gobiernos bajo el mandato de  instituciones altamente influenciadas por la banca, tales como el  Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario  Internacional. Se lo digo yo, que soy Catedrático de Políticas Públicas  y he visto muchos casos antes, en otros continentes, que experimentaron  crisis muy semejantes. En realidad, a finales del siglo  XX, Latinoamérica sufrió una situación muy parecida.
 
Estos  bancos que tienen una enorme influencia política (muy, pero que muy  marcada en España, donde el gobierno Rajoy es un mero instrumento de la  banca), están forzando e imponiendo políticas que son la causa de la  crisis. Cito solo un detalle. El gobierno Rajoy está recortando y desmantelando el Estado del Bienestar de España (lo mismo ocurre  en
Catalunya con el gobierno de Artur Mas), recortando y recortando  gasto y empleo público a fin de reducir el déficit y la deuda pública.  Estos recortes están contribuyendo a destruir empleo y bajar la demanda  que debería estimularlaeconomía.
 
Ahora bien, a pesar de los  recortes, la deuda pública española continúa subiendo y subiendo,  ascendiendo ya a 664.000 millones de euros (lo cual es mucho dinero).  Usted y yo pagamos los intereses de esta deuda, que representa ya el  segundo capítulo del presupuesto del Estado después de la Seguridad  Social. Este dinero suyo y mío va a los bancos que han comprado esta  deuda. Hoy los bancos españoles tienen casi la mitad de esta deuda,  299.000 millones.
La pregunta que debe hacerse es: ¿Y de dónde saca  el banco el dinero para comprar la deuda? Pues, mire usted, por mucho  que le sorprenda, procede de préstamos públicos. Cada año los bancos  españoles piden prestado dinero al Banco Central Europeo, BCE, una  institución pública (que no funciona en realidad como un banco central,  sino como un lobby de la banca), a unos intereses bajísimos, menos  del 1%.
El BCE se lo presta para que los bancos se lo presten a usted y  a mí, y a las pequeñas y medianas empresas, y así se resuelva el enorme  problema de falta de crédito que ha paralizado la economía. No sé si  usted ha intentado conseguir un préstamo de la banca. Si lo intenta,  verá que no es fácil. ¿Y, por qué no es fácil, si reciben tanto dinero  del BCE?
 
La respuesta no es difícil de ver. Los bancos  ganan mucho más dinero comprando deuda pública a unos intereses muy  altos (que el discurso oficial indica que el Estado necesita ofrecer  para que los Estados puedan conseguir prestado dinero de los bancos), de  un 4%, 6%, o incluso 13%. Imagínese el chollo que significa que reciban  dinero a menos del 1% y con ello compren bonos que les generan una  cantidad de dinero muchas veces mayor que la que pidieron prestada del  BCE. ¿Se da cuenta?
Y, sepa usted, que los banqueros en España están  entre los mejor pagados de la Unión Europea. Y los bancos más  importantes de España han estado entre las empresas con mayores  beneficios. Si después de leer todo esto no se ha indignado, es que no  me he explicado bien.
 
Pero si me ha entendido bien, entonces  prepárese para incrementar su nivel de indignación, pues todo esto es  totalmente innecesario. Todo este enorme sufrimiento, incluido el  elevado desempleo, es totalmente evitable. Es, repito, innecesario y  dañino y existe única y exclusivamente para el beneficio  primordialmente de la banca.
La solución a esta situación es  extremadamente fácil. El BCE debería prestar el mismo dinero, no a  la banca privada, sino a los Estados, y dejar que estos lo ofreciesen a  usted, a mí y a las pequeñas y medianas empresas, al mismo tipo de  interés que el Estado lo recibe del BCE.
 
Y usted preguntará ¿Y por qué no se hace así? Pues  porque la banca tiene un enorme poder sobre el BCE, sobre las  instituciones que gobiernan la Eurozona, sobre el gobierno español y,  no lo olvide, sobre los medios de información y persuasión.
Y un ejemplo  de ello es que este artículo que ha estado leyendo no se publicará en  ninguno de los cinco rotativos más importantes del país. De ahí que le  sugiera que lo distribuya ampliamente entre amigos y familiares, porque  la escasísima democracia que tenemos tiene que cambiarse y ello  empezará por tener una ciudadanía informada, que es lo que no  tenemos.
. Pensamiento  Crítico (12/01/2014)

4
Contra el derecho a decidir
La mayoría no puede quitar su ciudadanía a los catalanes que quieran ser españoles

ENRIQUE GIL CALVO
 
Cuando era niño en la tardía posguerra franquista se puso de moda por parte de los parientes malintencionados preguntarnos a los niños: ¿a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? Una trampa que te ponía en un brete, sembrando de paso la discordia entre tus progenitores, pues no te convenía menospreciar en público a ninguno de ambos. De modo que no te quedaba más remedio que contestar asegurando que no podías decidirte porque querías a los dos por igual.
Pues bien, ese recuerdo me asalta ahora constantemente cada vez que se discute en público sobre el celebérrimo derecho a decidir, reclamado con rotunda convicción por casi todos los actores de la cuestión catalana. ¿A quién quieres más, a España o a Cataluña? Nótese que no estamos hablando del derecho a preferir, que afecta a la libertad de conciencia, pues es evidente que todos los catalanes tienen derecho a sentirse más catalanistas que españolistas o viceversa. Ni tampoco del derecho a pronunciarse en público, que afecta a la libertad de expresión, pues también resulta obvio que todos los catalanes tienen derecho a Cdeclararse secesionistas o unionistas. Sino del derecho a decidir, es decir, del derecho a escoger una opción rechazando la otra para tratar de imponérsela a los demás. Lo cual ya es harina de otro costal.
¿De verdad el derecho a decidir es un derecho natural, como pretenden sus defensores y apologistas? Aquí voy a argumentar contra la naturalización del derecho a decidir que se ha venido imponiendo de un tiempo a esta parte, hasta el punto de que el Tribunal Constitucional acaba de hacerla suya por unanimidad, reconociéndola como políticamente legítima. Una legitimidad que se postula como evidente por sí misma, pero cuya carta de naturaleza me parece perfectamente cuestionable y quizás incluso rechazable, desde el punto de vista de la razón democrática y el sentido común ciudadano.
Pero antes de detallar mis argumentos empezaré por advertir que mi rechazo del derecho a decidir no me impide ser favorable a la famosa “consulta” secesionista, como ya he defendido en público en otras ocasiones. Lo cual no me plantea ninguna contradicción, pues si apoyo el referéndum de autodeterminación como mal menor, según el ejemplo de Quebec o de Escocia, es por puro pragmatismo político: un caso típico de que el fin, la coexistencia cívica, justifica los medios, por irracionales o ilegítimos que me parezcan. Dicho en términos weberianos, rechazo el derecho a decidir desde la ética de las convicciones, pero apoyo la consulta decisionista desde la ética de las consecuencias.
Bien, volvamos a mi alegato contra la naturalización del derecho a decidir. Ante todo, lo que sí resulta perfectamente legítimo es el derecho personal a decidir por uno mismo: esta es la base misma de la autonomía propia. Por eso, desde el punto de vista individual, está claro que todo ciudadano catalán tiene derecho privado a decidir qué quiere ser, si español o no. Esto es como permanecer en la fe católica o abjurar de su confesión. Pero debe quedar bien entendido que tener derecho a decidirse no quiere decir que se tenga el deber de decidirlo, pues también se tiene derecho a mantenerse indeciso. Es decir, el derecho individual a decidirse debe incluir no solo la opción ‘o/o’ (o catalán o español) sino también la opción ‘y/y’ (catalán y español). Se tiene derecho a querer tanto a mamá como a papá, según mi rancio ejemplo anterior.
A partir de aquí, elevo el nivel lógico de mi argumentación. Si bien se tiene derecho personal a decidir por uno mismo, no se tiene derecho a decidir por los demás. Una mujer tiene derecho a decidir si quiere ser madre o abortar, pero no puede decidir por las otras. Al revés, debe respetar escrupulosamente el derecho ajeno a que cada cual decida por su cuenta, sin imponer a los demás la propia decisión. O sea que el derecho a la libre decisión personal termina allí donde empieza el derecho de los otros a su propia decisión individual. Pues el derecho a decidir con autonomía debe respetar en justa reciprocidad la autonomía ajena: es la regla de oro kantiana o el principio liberal de J. S. Mill, que impide perjudicar a los demás. Es lo que ocurriría si Cataluña decidiera separarse perjudicando a los territorios que dependen de sus impuestos. Y para eso no hay derecho a decidir, como tampoco madres ni padres tienen derecho a decidir el abandono de los hijos a su cargo.
Así llegamos al tercer nivel lógico de la colectividad. Es verdad que se tiene derecho a tomar parte mediante el voto en la toma de decisiones colectivas, como principio básico del régimen democrático. Pero esa regla de la mayoría está sometida en las democracias constitucionales a dos restricciones inviolables: las decisiones mayoritarias deben respetar los derechos de las minorías, y no pueden anular, condicionar ni menoscabar los derechos fundamentales garantizados por la Constitución. Esta es la prueba del algodón que a mi juicio no supera el pretendido derecho a decidir. Dicho de otro modo: solo se tiene derecho a decidir colectivamente aquello que no perjudique los derechos privados inalienables. En particular, una mayoría de catalanes no tendría derecho a decidir por todos los catalanes, desposeyendo de su ciudadanía anterior a los que decidiesen personalmente seguir siendo españoles. Pues obligarles a catalanizarse violando su derecho individual a decidir significaría un primer paso hacia la limpieza étnica.
Este argumento de que ninguna mayoría electoral puede obstruir los derechos fundamentales garantizados por la Constitución es el que mueve a rechazar el anteproyecto de nueva ley del aborto que propone el ministro de Justicia porque viola el derecho de las mujeres a decidir personalmente sobre su propia maternidad. Y lo mismo ocurre con el derecho a decidir reclamado por los soberanistas que desean privar de su ciudadanía española a todos los catalanes. Pues salvadas todas las evidentes distancias, estamos ante un caso análogo a la imposibilidad democrática de que una mayoría electoral apruebe la pena de muerte.
En términos figurados, y hablando metafóricamente, si no resulta admisible el derecho a decidir la pena de muerte tampoco se puede aceptar el derecho a decidir la secesión, que supone la pena de muerte (o de amputación y escisión) de toda una comunidad cívica. Según el Corominas, la etimología del verbo decidir procede del latín decidere:cortar, escindir. De modo que el pretendido derecho a decidir equivale a arrogarse el falaz derecho de dividir Cataluña y a los catalanes en dos: o secesionistas o unionistas. Es el clásico ejemplo del juicio salomónico, que para decidir qué madre quería más a su hijo propuso dividir al infante por la mitad para repartirlo entre ambas.
Justo como pretenden los defensores del derecho a decidir, que terminarán por separar Cataluña en dos mitades como si fuera el niño del juicio de Salomón. Pero con efectos mucho más trágicos, pues una vez que el Tribunal Constitucional ha naturalizado y legitimado el derecho a decidir, no parece haber ya posible vuelta atrás. Cuando la flecha ha salido disparada del arco terminará por alcanzar su blanco. Es el destino fatal de todo dilema de elección trágica, como ya vieron Goethe, Nietzsche, Weber y Berlin, cuya decisión última resulta desgarradora y autodestructiva.
(El Pais, 2 de Mayo de 2014)
Enrique Gil Calvo es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
5
Indulgencia para los procesados por el Parlament
La actitud de los indignados tiene que ver con la corrupción de la clase política

IGNACIO VIDAL-FOLCH 22 ABR 2014
 
Al excelentísimo señor Fernando Grande-Marlaska:
Señor juez, soy el arriba firmante, hablo en mi nombre, represento a mi propia conciencia y no estoy afiliado a ningún partido político, sindicato, ateneo, secta, club de fútbol ni peña flamenca.
Estando en conocimiento de su ecuanimidad, calidad humana y hasta valor personal, me tomo la libertad de pedirle que, en lo que esté en su mano, sea indulgente con los encausados por el caso del Parlament.
Porque el castigo que reclaman el colectivo Manos Limpias, el Govern de la Generalitat de Cataluña, el Parlamento catalán y la fiscalía para los veinte jóvenes acusados —entre ocho y tres años de prisión— no solo es clamorosamente desproporcionado con los hechos sino que avergüenza y repugna a nuestro sentido de la humanidad.
1. Los delitos o faltas cometidos —increpar a los parlamentarios, impedirles el acceso al Parlament— no son tan graves. ¡No le rompieron la cabeza a ningún policía! ¡No mataron, ni hirieron, ni atracaron, ni magullaron a nadie!
Es cierto que un sujeto intentó abrir la puerta del coche oficial del president Artur Mas, pero, como él mismo nos ha recordado en su declaración, “el cierre de las cuatro puertas estaba centralizado”, lo que bastó para disuadir tan violenta agresión.
Es cierto que alguien le sustrajo un manojo de llaves a Alfons López Tena —famoso por su lema “España nos roba”—. Y es cierto, en fin, que un tipo tiznó con spray la chaqueta de la señora Montserrat Tura, causándole un perjuicio que el fiscal cifra en 240 euros.
También está probado que un congresista se asustó tanto que sufrió un vahído y hubo que administrarle sales…
¡Menudo Vietnam!
¡No mataron, ni hirieron, ni atracaron, ni magullaron a nadie!
2. Los acusados ya no constituyen ningún peligro. No es probable que reincidan, pues —a diferencia de lo que sucede en otras partes de España— en Cataluña el movimiento rebelde, o “antisistema”, o “15-M”, o “de los descontentos” o de los “indignados”, ha sido completamente desactivado y succionado por el Movimiento Nacional secesionista, que no es beligerante con las autoridades e instituciones locales sino que actúa en íntima complicidad con ellas, en prieta y fértil simbiosis. De manera que una pena severa para prevenir nuevos desafueros es innecesaria.
3. A la señora Tura, si tiene la bondad de retirarse expresamente de la acusación (como han hecho los diputados de ICV y EUiA Boada y Milà: demostrando ser dos personas decentes), yo me comprometo desde este párrafo a comprarle una chaqueta parecida en el mercadillo de La Garriga. Más de 40 euracos no creo que me cueste.
4. No cabe duda de que dura lex, sed lex y que faltar al respeto debido a los representantes electos merece una reprimenda. ¡Pero siete años de cárcel! ¿Nos hemos vuelto locos? ¿Tienen una noción aproximada esos Pilares de la Sociedad y Encarnaciones de la Voluntad del Pueblo de lo que significa? Es obvio que de esto tampoco saben nada. En mi humilde opinión, sería más proporcionada una pena de un apercibimiento, dos padrenuestros y tres avemarías.
4. Que algunos de los testigos de la acusación declaren por videoconferencia y no pisen la sala donde los acusados, después de varios años con la angustia de la espera, con la espada de Damocles suspendida sobre sus cabezas, asisten, sentados en el banquillo, a las deliberaciones sobre cómo pasarán el resto de su juventud, si en libertad o cautivos, no dudo de que sea un procedimiento legal y tiene su justificación; pero suena a falta de gallardía, suena a fariseísmo, presenta una plasticidad propia de cualquier siniestra película de ciencia-ficción tipo Brazil (excelente filme de Terry Gilliam) y, a mi modesto juicio, desacredita estéticamente a la acusación. ¿Pides que encarcelen a tu prójimo y lo pides sin salir de casita, desde tu poltrona, con un pañuelito de batista empapado en agua de colonia?
5. Excelencia, le ruego que se ponga —estoy seguro de que lo hace— en la piel de la parte contratante de la primera parte y de la parte contratante de la segunda parte:
Por un lado, unos jóvenes desempleados e impecunes, sin perspectivas de un futuro estimulante y a los que se les recomienda paciencia y barajar o que se vayan a aprender inglés fregando platos en Londres (consejo emitido por el honorable conseller Mena en el Parlament). Algunos en la flor de la juventud, vehementes en su indignación o en su desesperanza, de la que, quizá con algún que otro motivo, responsabilizan a la clase política. ¿Se excedieron? Seguro; pero a mí, señor juez, me recuerdan cuando yo creía en la posibilidad de mejorar el mundo e iba también a las manifestaciones contra el régimen anterior: ¡Me caen muy simpáticos!
La rebeldía no es solo capricho de gamberros; tiene alguna razón de ser
Por el otro lado, el colectivo Manos Limpias y (¡apriétense un poquito, que caben todos!) las instituciones representadas por Artur Mas y Nuria de Gispert: unos patricios muy bien pagados y alimentados, que aunque no se hayan distinguido por enían la senyera.
¡Llámeme exagerado, pero suena a mis oídos como si las familias Corleone, Badalamenti y Giancana denunciasen a un chaval por robar una manzana en un Deli de Brooklyn!
su laboriosidad, por su eficacia ni por sus luces, nadie podrá negar que han sabido gastar con liberalidad el dinero de los contribuyentes y contribuir en la medida de sus posibilidades a su bancarrota; y también hay que reconocer que, ante el tsunami de la crisis, no les ha temblado la mano con que sost
Como sabe usted, señor juez, las encuestas señalan que el estamento político es (junto con el periodístico y el judicial) el más desacreditado para el pueblo al que dice representar. Aún así, ese estamento es imprescindible y para obtener la democracia debemos seguir sosteniéndolo. Pero si nos empeñamos en ignorar que la indignación de los jóvenes no es solo un capricho de gamberros y malcriados sino que tiene alguna razón de ser; si queremos estar ciegos al divorcio entre la gente y una jefatura a la que —como con demasiada frecuencia se dice— se vota “tapándose las narices” para no oler la corrupción; si nos empeñamos en castigar como delito terrorista la mínima expresión de descontento… ayudaremos a que ese divorcio siga creciendo; ayudaremos a que se encone el odio y aumente la entropía; y de aquel país posible, aquella España reconciliada y dulce que no acertamos a realizar pero por lo menos la soñamos, no quedará ni la sombra del sueño. Se cumplirá la profecía de Víctor Mira, en España no habrá quien duerma.
Ignacio Vidal-Folch es escritor.

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Duchas de agua fría y caliente
No se podrá acusar al programa europeo del PP de incumplimiento: no dice nada

JOAQUÍN ESTEFANÍA
 4 MAY 2014

Cuando el presidente del Gobierno, en un mitín de apoyo a Arias Cañete, candidato del PP a las elecciones europeas, anuncia que en los próximos días los españoles van a recibir noticias muy positivas para todos ellos, quizá se refiera a las cifras del paro registrado y afiliaciones a la Seguridad Social del mes de abril, que se conocerán mañana. Hace tiempo que algunas estadísticas han dejado de ser patrimonio de todos y sus tendencias se adelantan de forma partidista en el debate político.
Estos datos, al parecer, serán bastante buenos. Los precedentes lo son: el paro y la Seguridad Social de febrero y marzo fueron positivos, luego más lo serán los de abril, Semana Santa por medio, con los récord preanunciados en materia de ocupación turística. No los ocultará precisamente el Ejecutivo, abrumado todavía por la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año. Los datos de la EPA fueron demoledores, en el sentido contrario a la publicitada recuperación: 424.500 personas menos en la población activa (ciudadanos en edad y disposición de trabajar), un porcentaje de paro que ronda el 26% y que hace que España siga ganando la Champions League del ramo (5,93 millones de desempleados), y tres notas relacionadas con el crecimiento de la pobreza relativa en nuestro país: el número de hogares en los que ninguno de los dos cónyuges trabaja ronda los dos millones; el de hogares en los que no entra ningún ingreso es de 736.000; y los parados de larga duración, aquellos que llevan un año o más sin puesto de trabajo, es el 61,6% del total (3,6 millones). Para olvidar.
Y siendo sin duda el paro el problema central de nuestro país, nada de nada hay sobre el mismo en el programa europeo del PP que se resume, según su eslogan, en “seguir en la buena dirección”. Sólo frases desiderativas y buenas intenciones. Como el texto del programa electoral con el que el PP ganó las elecciones generales ha sido permanentemente enarbolado para acusar al Gobierno de incumplir una a una las más importantes promesas electorales, en el caso de las europeas se han quitado el problema de encima. Es la apología de la nada. Lo más concreto que se dice en él es que el 70% de las normas nacionales tienen su origen en la UE. A título de ejemplo, unas frases textuales sobre el empleo y el paro juvenil: “Continuaremos trabajando y centrando nuestros esfuerzos en las políticas de empleo”; el PP ha conseguido que “la lucha contra el empleo juvenil sea una prioridad para la UE, con la puesta en marcha de la Iniciativa de Empleo Joven por la que España recibirá 1.800 millones de euros” [lo que significa menos del 8% de la ayuda a Bankia]; “una de las principales preocupaciones del PP y del Gobierno de Rajoy ha sido trabajar para ofrecer a los jóvenes un futuro de oportunidades”: o, por último, “todas las reformas impulsadas por el Gobierno han tenido una clara perspectiva de juventud, desde la reforma de la educación hasta la reforma laboral, pasando por la Estrategia del Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016: en total, más de 100 medidas para impulsar el empleo juvenil que ya ha beneficiado a 135.000 jóvenes y a la que se han adherido más de 400 empresas”.
¿Tomadura de pelo? Repasemos el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas que tiene que visar Bruselas (antes de que lo haya conocido el Congreso de los Diputados). En él se contempla que a final de la legislatura el paro seguirá en el 23,3% de la población activa. Entre las reformas relacionadas con el mercado de trabajo se contemplan la creación de una Oficina de Lucha contra el Fraude Laboral; retoques en la reforma laboral, en lo referente al despido colectivo; y, “políticas de apoyo al empleo y, especialmente, a la promoción del empleo juvenil”. ¿Sería abusivo demandar algo más concreto? Pues ahí va: también se habla de “una estrategia española de activación para el empleo 2014-2018”.
Si no ocurre algo imprevisible, la actual legislatura será perdida para el empleo. Esto es lo que dicen los números del Gobierno y todos los pronósticos