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RWANDA, EL FIN DE UNA IPUNIDAD.-
Iranzu Orbara. 14 febrero 2008

Es una buena noticia. El 6 de febrero, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha firmado el auto de procesamiento de 40 altos mandos militares ruandeses, acusados de crímenes, entre ellos el asesinato de 9 españoles – misioneros y cooperantes-, cometidos tanto en Rwanda como en RDCongo. Paul Kagame, a pesar de ser el principal responsable de dichos delitos, no está incluido en la lista de procesados, dado que, mientras dura su condición de Jefe de Estado, no es justiciable. Es una buena noticia, porque significa el fin del “privilegio de la impunidad” del que han gozado hasta ahora dirigentes ruandeses actualmente en el poder.
Efectivamente, toda la máquina judicial ruandesa e internacional a lo largo de estos años ha tratado de juzgar y condenar a los responsables del genocidio de los tutsi, perpetrado entre abril y julio de 1994, en el que fueron cruelmente asesinadas, según las estimaciones más divulgadas, 800.000 personas, la mayoría de ellas, incluyendo niños, mujeres y ancianos, por su pertenencia étnica. El Tribunal Penal Internacional para Rwanda, instalado desde 1995 en Arusha (Tanzania) y cuyo mandato termina en diciembre de 2008, es el encargado de juzgar a las personalidades políticas y militares hutu consideradas máximos responsables de esta tragedia. Las condenas, sea la cadena perpetua o un número elevado de años de cárcel, han sido severas, aunque ha habido también algunas sentencias absolutorias. En el interior de Rwanda, paralelamente a los procesos en los tribunales ordinarios, se han organizado unos 20.000 tribunales populares, llamados Gacaca, ante los que han comparecido más de 800.000 hutu, acusados de haber participado de un modo u otro en el exterminio de los tutsi. Las cárceles ruandesas rebosan de prisioneros que en muchos casos esperan desde hace más de 10 años ser juzgados y ni siquiera saben los delitos que se les imputan. Al margen de otro tipo de consideraciones, como la falta de garantías de un juicio justo y equitativo, se trata, tanto en el TPIR como en los tribunales ruandeses, de la justicia de los vencedores.
El mandato del Consejo de Seguridad por el que se creó el TPIR incluía la persecución judicial de todos los crímenes cometidos en el año 1994 tanto por los extremistas hutu, como por el FPR durante su avance, ocupación militar del país y tras su victoria e instalación en el poder. Crímenes estos últimos, silenciados y ocultados a pesar de las evidencias, denuncias y documentación existente. Hasta ahora, cualquier intento de perseguir judicialmente a los responsables de estos actos criminales ha sido abortado. La Fiscal General del TPIR, Louise Arbour, congeló los primeros informes, que ella misma había encargado al abogado Hourrigan. Su sustituta, Carla Del Ponte, trató de cumplir con el mandato iniciando investigaciones y anunciando su decisión de incriminar a los responsables del FPR en varias masacres de civiles. Fue apartada de su cargo por presiones de EEUU y Reino Unido, fieles aliados del régimen de Kigali. El actual Fiscal, Hassan Babacar Jallow, no muestra gran interés en abrir el dossier FPR y el TPIR, cuya actividad terminará en diciembre de este año, “olvidará”el caso. Todo parece indicar que la comunidad internacional, dominada por un sentimiento de culpa al no haber impedido el genocidio tutsi, ha otorgado al régimen actual carta blanca, esto es, licencia para matar. Ha funcionado con eficacia un “convenio del silencio”. Durante estos años, las denuncias contra el régimen de Kigali y sus fechorías han sido tildadas de intentos de negar o minusvalorar el genocidio del que fueron víctimas los tutsi. ¿Cómo negar esa evidencia? ¿Cómo no reclamar justicia y castigo a los responsables? Pero, al mismo tiempo, ¿cómo negar otras evidencias?, ¿cómo no denunciar y llevar ante los tribunales a los responsables del FPR, actualmente en el poder, por los innumerables crímenes que han cometido?
El auto de procesamiento dictado por el juez Fernando Andreu rompe con el “convenio del silencio” y con el “privilegio de la impunidad”. En 2005, el abogado Jordi Palou-Loverdos, actuando como representante legal de diversas personalidades y organizaciones y de los familiares de 9 españoles asesinados, presentó la querella que ha dado pie a la decisión de la Audiencia Nacional.
El texto, de 182 páginas, es demoledor. Consta de tres partes: I. Hechos (1-30), II. Las Pruebas practicadas (31-138) y III. Razonamientos jurídicos, que terminan con la Parte dispositiva en la que se declaran procesados 40 mandos militares ruandeses y se decreta su prisión provisional y el mandado de búsqueda y captura (138-181).
La relación pormenorizada y detallada de HECHOS incriminatorios comienza con la afirmación de que “se desprenden indicios racionales y fundados de que a partir de octubre de 1990, un grupo (el FPR) de estructura político-militar (…) inició una serie de actividades de carácter criminal (…) en el territorio de Rwanda”. Durante 4 años “desarrolló acciones organizadas y sistemáticas tendentes a la eliminación de población civil, tanto a través del inicio de hostilidades bélicas (…) como en la realización de actos terroristas, (…) todo ello bajo un mando estructurado”. Este grupo, el FPR, “una vez que obtuvo mediante la violencia el poder, y desde el mismo, creó y desarrolló un régimen de terror y una estructura criminal paralela al Estado dedicada, bajo un designio planificado y preestablecido, al secuestro, a la tortura, a la violación(…), al encarcelamiento de miles de ciudadanos sin proceso judicial alguno, al asesinato selectivo de personas, a la destrucción y eliminación sistemática de cadáveres (…) a los ataques indiscriminados a la población civil (…) pretendiendo la eliminación de la etnia mayoritaria, mediante acciones de carácter bélico realizadas tanto en Rwanda como en el país vecino del Zaïre (actual RDCongo) produciendo masacres indiscriminadas y sistemáticas y actos de pillaje de cara a procurarse una autofinanciación de tales actividades criminales, además del enriquecimiento ilícito de los cabecillas”.
Viene posteriormente el resto de los 26 apartados en los que el juez detalla con precisión de cifras, fechas, circunstancias, nombres etc., tanto la estructura, organigrama y funcionamiento del poder criminal como sus innumerables fechorías. Destacan ciertamente, además del asesinato de los 9 españoles, los actos terroristas, como el asesinato de líderes hutu (entre otros, el derribo del avión del Presidente Habyarimana, que desencadenó el genocidio tutsi) cuya autoría, sin embargo, se adjudicará a otros; las operaciones de limpieza étnica en la zonas conquistadas; la masacre de miles de hutu en los campos de desplazados del interior de Rwanda, como en 1995 en Kibeho, el encarcelamiento masivo de miles de hutu; la persecución implacable de los refugiados hutu en el interior del Zaïre y el exterminio de más de 200.000 de ellos. Con relación a este último hecho, el auto del juez F. Andreu orienta su dedo acusatorio también al ACNUR, cuando constata que dicho organismo, protector de los refugiados, “instauró un sistema de recompensas en dinero para los zaireños. Se recompensaría con 10 dólares USA por cada refugiado ruandés entregado. Ello conllevó que se produjera una auténtica caza del refugiado”. En la página 80 del auto, el testigo Hubert Sauper, documentalista para cine y televisión presente sobre el terreno en Kisangani en aquellas fechas, afirmará ante el juez que el personal del ACNUR era utilizado por los soldados ruandeses para localizar y eliminar a los refugiados que huían.
Lo que vincula a todos los españoles asesinados es el hecho que eran testigos incómodos, y en algún caso denunciantes, de los desmanes y crímenes del FPR. Ese fue su delito y pagaron con su vida por ello, como espetó amenazadoramente a Joaquim Vallmajó un militar: “Esto lo pagarás algún día”. Isidro Uzcudun, asesinado el 10 de junio de 2.000, era testigo de que en su parroquia de Mugina, el FPR había asesinado a 1.325 personas. El delito de los 4 Hermanos Maristas asesinados el 31 de octubre de 1996 era que ayudaban a los hutu en los campos de refugiados en Zaïre y reclamaban una intervención internacional que evitara su exterminio. Los 3 cooperantes de Médicos del Mundo cometieron la imprudencia de descubrir, en enero de 1997, unas fosas repletas de cadáveres y constatar que el FPR realizaba masacres de civiles en la región de Ruhengeri. Vieron lo que no debían haber visto, “una barbaridad muy gorda”, según declaración de la esposa de una de las víctimas. El objetivo de su asesinato fue, como declara uno de los testigos interrogado por el juez “aterrorizar a los expatriados para provocar la salida de la ONG y de observadores de Ruhengeri (…) evitar que observadores externos pudieran ser testigos de las masacres que el APR (ejército del FPR) estaba realizando en la región de Ruhengeri”.

El capítulo de PRUEBAS PRACTICADAS, 23 declaraciones testificales que comenzaron el 28 de febrero de 2006, ocupa más de 100 páginas del auto. Doce testigos son ruandeses y son los que más datos aportan sobre los hechos criminales. Cinco son militares, 4 tutsi y 1 hutu, ex-miembros del FPR, 3 civiles hutu que fueron altos cargos en el gobierno del FPR (Fiscal adjunto, Secretario General, Jefe de servicios secretos, ministro de Exteriores) y 4 hutu refugiados en su día en los campos del Zaïre. Todos ellos tomaron el camino del exilio y residen actualmente fuera de Rwanda. Salvo la Sra. Umutesi, cuya declaración versa sobre el aniquilamiento de los refugiados en su huída hacia el interior del Zaire, y el Sr. Ndagijimana, diplomático y ministro de Exteriores los primeros meses de gobierno tras la victoria del FPR en julio de 1994, los otros 10 testigos ruandeses aparecen con la sigla TAP seguida de un número, por razones de protección de su identidad. Como testigos oculares o por conocimiento directo o indirecto (no se olvide que se trata en muchos casos de militares o civiles integrados en el ejército del FPR y colaboradores en la estructura del poder) detallan con gran precisión los hechos criminales e identifican a los responsables de los mismos.
La lectura de sus declaraciones, a pesar del lenguaje expositivo y frío del auto (o quizás por ello) produce en más de un caso escalofríos: La existencia de grupos estructurados y especialmente organizados en el arte de matar (por ejemplo, la técnica de uso del agafuni, azada con la que golpear la nuca de la víctima maniatada); las operaciones de carga de muertos, de enterramiento en fosas comunes, de incineración de cadáveres, de borrado de huellas; el agrupamiento de las víctimas, convocadas a reuniones con el señuelo de la distribución de alimentos; el agrupamiento de 2.500 personas en el estadio de fútbol de Byumba y la orden, al parecer dada por Paul Kagame de “eliminación sin distinción”, el 23 de abril de 1994 (masacre de la que pudo ser testigo el P. Vallmajó, asesinado tres días después). No resulta fácil establecer un “ranking” de atrocidades. Por su significado y porque pone una vez más de manifiesto la pasividad, si no complicidad, de la comunidad internacional, es relevante la declaración del que fue Ministro de Exteriores durante unos meses del primer gobierno FPR, el Señor Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Declara haber conocido el contenido del Informe Gersony, investigación realizada a instancias de las Naciones Unidas sobre la situación en Rwanda tras la toma del poder por el FPR, en el que “se puso de manifiesto que en sólo tres Prefecturas de Rwanda – Byumba, Kibungo y Gisenyi – (…) y en sólo dos meses - esto es, desde mediados de julio hasta mediados de septiembre -, se había reunido información y registrado ejecuciones selectivas o matanzas sistemáticas contra al menos 30.000 personas pertenecientes a la etnia hutu por parte del APR/FPR. (…) El Informe Gersony fue embargado y nunca vio la luz”.
Las declaraciones de los hutu refugiados en el Zaïre, singularmente las de la Sra. Marie-Béatrice Umutesi, las de la congresista norteamericana Cynthia Ann Mac Kinney y las del documentalista Hubert Sauper, se centran fundamentalmente en las responsabilidades en el exterminio de los refugiados ruandeses, en los campos de Tingi-Tingi, Lobutu, Kasese 1 y 2, y en la agresión, ocupación y saqueo por parte del ejército ruandés de amplias zonas del este del Zaire-RDCongo, que produjeron millones de muertos congoleños. Las críticas al ACNUR y a su responsable Sadako Ogata por su falta de protección y por haberse puesto al servicio de los militares ruandeses para una repatriación forzosa, son constantes. Por otra parte, la congresista norteamericana no duda en afirmar que “cuando en agosto del 98 Uganda y Rwanda invaden el Congo, los dirigentes de los países invasores contaban con apoyo financiero de los Estados Unidos” y en destacar la existencia de “un sindicato del crimen fundamentalmente compuesto por traficantes de armas, recursos, diamantes, (que) coloca a gente corrupta en el poder para obtener beneficios privados”. Tal y como consta en el auto de procesamiento “Los actos de pillaje (en RDC) habrán servido tanto para la financiación de la guerra y demás operaciones militares como para el enriquecimiento personal de los altos mandos militares del APR/FPR”.
Aunque varios testigos declaran y ofrecen informaciones muy precisas sobre el atentado con el presidente Habyarimana, factor sin duda desencadenante del genocidio tutsi, el juez hace una somera referencia a ellas al estar el caso en los tribunales franceses, tras la instrucción y acusación presentada por el juez Jean-Louis Bruguière.
A partir de las declaraciones de los militares tutsi del interior, que en 1990-1991 se incorporaron a las filas del FPR, sobre el entramado organizativo político-militar, se deduce que el objetivo único y último, al servicio del cual se realizaban todas las operaciones, era la conquista del poder por la fuerza. Desde ese punto de vista, cabría también deducir (y así lo declaran algunos testigos tutsi, aunque el juez no entra directamente en esta cuestión) que el FPR, presentado ante la opinión pública como el salvador de los tutsi que puso fin a su exterminio en 1994, no puso excesivo interés en detener el genocidio, ya que estaba preocupado exclusivamente por derrotar al ejército oficial y hacerse con el poder; podría, en consecuencia, ser responsable, al menos indirectamente, de la magnitud que alcanzó el genocidio tutsi.

El auto termina con los razonamientos jurídicos por los que “los hechos relatados podrían se constitutivos de los siguientes delitos tipificados en el Código Penal vigente”, con una larga cita de los artículos pertinentes. “La competencia para el enjuiciamiento de los hechos se ampara en lo dispuesto en el art. 23,4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (…) para el conocimiento de los hechos cometidos por españoles o extranjeros, fuera del territorio nacional susceptibles de calificarse según la ley española como de delitos de genocidio, terrorismo y cualquier otro que según los tratados internacionales deba ser perseguido en España”. El juez establece que existen indicios racionales y fundados para declarar la presunta culpabilidad de los máximos responsables de la organización político-militar FPR/APR. En cuanto al General Paul Kagame, Presidente de Rwanda, “mientras no cese de tal cargo, la inmunidad que le ampara impedirá su procesamiento”. Sigue la lista de los 40 militares procesados. Cabe destacar entre ellos al General Kayumba Nyamwasa, actualmente Embajador de Rwanda en la Inida, al General Karenzi Karake, comandante adjunto de las fuerzas de paz de la ONU-UA en Darfur /Sudán) y al Teniente-coronel Rugumya Gacinya, agregado militar de la Embajada de Rwanda en Estados Unidos. El juez decreta por fin “la prisión provisional comunicada de dichos procesados” y solicita que se libren “las oportunas requisitorias nacionales e internacionales interesando su busca y captura e ingreso en prisión a disposición de este Juzgado”

A modo de reflexión final
El futuro de Rwanda y de todos los ruandeses, así como de toda le región de los Grandes Lagos, pasa por la paz y la reconciliación. Tarea sin duda difícil, pero indispensable y posible. La búsqueda y esclarecimiento de la verdad, la justicia y la lucha contra toda impunidad, son el requisito ineludible para un futuro común de todos. Por eso, el auto de procesamiento dictado por el juez Fernando Andreu es una buena noticia.


Iranzu Orbara
14 de febrero de 2008

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