|
|
Operación Malaya. José María Castillo, teólogo
Moceop
Si es cierto lo que nos dicen los medios de comunicación, ya están en la calle todos los implicados en la llamada Operación Malaya, la mayor trama de corrupción urbanística que se ha producido en España desde que se pusieron en marcha estas refinadas, complicadas y más o menos disimuladas formas de latrocinio que viene sufriendo nuestro país.
El último presunto responsable que quedaba en la cárcel ha quedado en libertad controlada previo pago de un millón de euros. Ésta es la noticia, que estos días tanto está dando que hablar. Una noticia que invita e incluso obliga a pensar.
Por supuesto y mientras no se celebre el juicio, los presuntos responsables de la trama, que ha convulsionado a Marbella y a España entera, no pasan de ser “presuntos” delincuentes, es decir, no son reos “convictos”. Por tanto, mientras no se demuestre judicialmente lo contrario, son inocentes. Y tienen derecho a que se respete la presunción de inocencia que les corresponde.
Pero con decir esto, no se despacha un asunto tan grave como el que estamos comentando. La gravedad del problema no está en los delitos que hayan podido cometer los presuntos delincuentes. Ni tampoco está en el comportamiento de los magistrados. Como bien saben jueces y abogados, las complicaciones que entraña este asunto radican en el vigente ordenamiento jurídico que tenemos en España.
Porque se trata de un conjunto de leyes y procedimientos que están pensados de forma que, a la hora de la verdad, favorecen a quien tiene más dinero y perjudican, como pasa en tantas otras cosas, a los pobres. Por eso, aparte de otras razones, la gran mayoría de las personas que hay en las cárceles son gentes de baja o incluso de ínfima condición económica. Lo cual resulta perfectamente comprensible.
Primero, porque los ricos tienen dinero para pagar una fianza que les puede devolver a la calle. Y en segundo lugar, porque cuando un rico se ve metido en un lío de jueces y fiscales, acude a un buen bufete de abogados que probablemente le sacan las castañas del fuego, mientras que si se trata de un presunto delincuente que no tiene donde caerse muerto, no le queda más remedio que contentarse con el “abogado de oficio” que le asignan y que normalmente no suele tener ni la experiencia, ni los recursos, ni el prestigio profesional para sacar el asunto adelante.
De donde resulta lo que bien sabemos: los ricos pueden pagar buenos letrados que les sacan las castañas del fuego, mientras que los pobres suelen terminar en “el talego”, donde se quedan encerrados por muchos años, si es que al juez (o a la jueza) de turno no se le olvida que el reo ha cumplido su condena y el desdichado se queda un año más en la cárcel, como ha ocurrido no hace mucho, según se nos ha informado hace pocos días.
Nunca deberíamos olvidar, como ha hecho notar acertadamente Luigi Ferrajoli, que “el derecho es siempre una realidad no natural sino artificial, construida por los hombres, incluidos los juristas, que tienen una parte no pequeña de responsabilidad en el asunto”. Y de sobra sabemos que, en todo lo relacionado con el derecho y la justicia, ocurre lo mismo que pasa en tantos otros ámbitos de la vida: lo normal es que el pez gordo se come al pez chico.
Sin ir más lejos y volviendo al asunto que aquí nos ocupa, ahora mismo en Marbella, los que han sido defraudados o engañados, estarán clamando al cielo y hundidos en su desgracia, mientras que los “presuntos” defraudadores, ahí están ya, en sus casas y en la calle. Y además probablemente con sus cuentas corrientes repletas de millones. Cuentas bien protegidas en paraísos fiscales y al abrigo de los más eficaces secretos bancarios.
Si tantas otras cosas es urgente mejorar y perfeccionar en nuestra sociedad y en nuestro país, una de ellas (no sé si la que más) es el derecho. Ante todo, para que los derechos de los ciudadanos se vean protegidos por las adecuadas garantías que los hagan eficaces, es decir, garantías que sea capaces de reducir la distancia que siempre existe entre las normas y su eficacia. Y en segundo lugar, para que el derecho procesal esté pensado y funcione de forma que, en la práctica, no esté al servicio del que pretende proteger al más fuerte, sino que se oriente más bien en la dirección de lo que acertadamente se ha llamado “la ley del más débil” (Ferrajoli).
Quiero decir, que el conjunto de normas que regulan la actuación de quienes tienen que aplicar la leyes estén pensadas y se apliquen de tal manera que, en la práctica, no salgan ganando casi siempre los fuertes y poderosos, sino que todos los ciudadanos puedan ser realmente iguales en dignidad y derechos.
Estoy seguro de que si algo de esto se tomara en serio y en serio se llevara a la práctica, los pelotazos urbanísticos y sus víctimas se reducirían sensiblemente. Y más aún se remediarían los mil atropellos de los que todos los días nos quejamos: la violencia contra las mujeres, los niños, los inmigrantes, los ancianos que no tienen otra cosa que una pensión no-contributiva y así sucesivamente. Todas estas gentes tienen una cosa en común.
Son lo más débiles de nuestra sociedad. Ya es hora de que nuestros gobernantes se empeñen de verdad en que las leyes sean tales y se apliquen de tal forma que sean realmente las leyes de los débiles. Y si es que todo eso es una utopía irrealizable, entonces, ¡por favor!, que se callen de una vez los que, desde puestos de poder y mando, nos calientan la cabeza con promesas de acabar con la violencia que se ven obligados a soportar los peor tratados, no por la vida, sino por nosotros, los que podemos evitar tanta barbarie y no la evitamos.
|
|
CONDICIONES INHUMANAS DE DETENCIÓN EN CALABOZOS EN CÓRDOBA.-
Nota de Prensa de la APDHA 18 febrero 2008
La denuncia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de que 9 personas fueron ingresados en tres calabozos, todos ellos con capacidad para una sola persona, durante más de dos días, era un hacinamiento absolutamente inaceptable y tercermundista no puede sino contar con el apoyo y el aplauso por esta Asociación.
Los 9 ciudadanos de origen rumano, que entraron el día 13 a las 15,30 y salieron el 15 a las 13,00 horas, permanecieron casi 48 HORAS, ENCERRADOS EN GRUPOS DE TRES PERSONAS EN TRES CALABOZOS UNIPERSONALES DE 2X1,60. LAS MISMAS DISPONEN DE UN BANCO DE OBRA DE 80 CENTÍMETROS, DEJANDO ÚNICAMENTE LIBRES OTROS 80 CENTÍMETROS PARA EL PASILLO. Pensar en tres personas durmiendo en tales instalaciones no puede sino considerarse indigno y atentatorio contra los más elementales derechos fundamentales de las personas.
El 14 de septiembre de 2007 el Secretario de Estado de Seguridad señalaba en una Instrucción interna que debía velarse por el respeto al honor y a la dignidad de los detenidos mientras se encontraran en dependencias policiales. Así mismo reconocía el derecho a colchón, mantas y otros elementos necesarios, lo que presupone el derecho a que el paso por la detención sea lo menos doloroso posible.
Instrucciones que seguían las Reglas Mínimas para el tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas, que ordenaban que las instalaciones deben ser individuales -al menos las destinadas al alojamiento nocturno- con una superficie mínima y cama individual. La separación por edades y sexos eran otras de las imposiciones de la citada normativa.El incumplimiento de dichas normas constituye una violación del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece el derecho a ser tratado humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló en la Observación General 21 que “Tratar a toda persona privada de libertad con humanidad y respeto de su dignidad es una norma fundamental de aplicación universal. Por ello, tal norma, como mínimo, no puede depender de los recursos materiales disponibles en el Estado Parte. Esta norma debe aplicarse sin distinción de ningún género, como, por ejemplo, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro género, origen nacional o social; patrimonio, nacimiento o cualquier otra condición”.
Existiendo otras dependencias de otros cuerpos, como la Policía Nacional en la misma capital, debían haberse derivado a las mismas aquellas personas que superaran la capacidad de sus calabozos. Deben por tanto depurarse la responsabilidad del mando que ordenara dichos ingresos.
Aún existen en Córdoba, instalaciones tercermundistas a pesar de los cierres acordados por el propio Ministerio del Interior en marzo del pasado año ante el mal estado (Puente Genil, Montilla, Aguilar de la Frontera, Rute y Pozoblanco). Las dependencias del Juzgado de Guardia de Córdoba, aún cuando no acojan detenidos por la noche, no respetan los mínimos exigibles. Ninguna razón presupuestaria puede justificar condiciones indignas para los detenidos en un estado con el grado de desarrollo del que dispone el español.
|
|
