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Libertad religiosa, sin favores ni rechazos
19.06.08
Juan Masiá
Cuando el Concilio Vaticano II votó el 19 de noviembre de 1965 la Declaración sobre la libertad religiosa, la minoría opuesta que votó en contra (249 frente a 1954 votos positivos) contaba entre sus filas con el episcopado español de la era del nacional catolicismo, así como con los polacos.
El documento conocido por su título Dignitatis humanae marcó un hito decisivo, giro de ciento ochenta grados, en la historia de las relaciones de la iglesia con los estados y con las otras religiones. Se pasaba, como acuñó Roger Garaudy, «del anatema al diálogo» y de la intolerancia dogmática a la convivencia democrática.
Pero, al mismo tiempo que se celebraba entonces la publicación de esa declaración, había que reconocer obviamente que llegaba con siglos de retraso. Tres décadas después, con motivo del nuevo milenio, el Papa Juan Pablo II admitiría la necesidad de pedir perdón desde una memoria histórica terapéutica, reconociendo los errores e injusticias de un pasado oscuro que va desde las cruzadas a los anatemas decimonónicos, pasando por las inquisiciones modernas.
Cuando la iglesia pedía a mitad del siglo pasado que se respetase la libertad religiosa tenía que encajar el golpe de las acusaciones de incoherencia y contradicción. «¿Cómo exigir libertad religiosa en países donde se encontraba en situación minoritaria y a la vez firmar concordatos y acuerdos de privilegio para la iglesia en países donde, al menos sociológicamente, todavía parecía ser mayoritaria?».
Hoy día la situación ha cambiado mucho a nivel internacional, pero sigue siendo paradójico el contraste entre posturas como las del Episcopado japonés y la de la cúpula de la Conferencia Epìscopal Española.
Ya le gustaría al gobierno del partido conservador japonés (que trata de modificar la Constitución para abrir paso a la ideología nacional-sintoísta) tener como interlocutoras a algunas mitras españolas nostálgicas de nacional-catolicismo.
Felizmente no es así en el país del sol naciente. Tanto el Episcopado católico como buena parte de dirigentes budistas apoyan que se mantenga estricta la separación de Estado e iglesias o religiones, y defienden la igualdad de trato para éstas en un marco de libertad religiosa.
Los obispos japoneses denunciaron en 1980, como contraria a la separación de Estado e iglesias, la propuesta de nacionalizar el santuario de Yasukuni (en Tokyo), en el que están entronizados criminales de guerra y que es símbolo emblemático de la ideología nacional-sintoísta de pre-guerra.
En marzo de 2007 el Episcopado japonés publicaba por unanimidad una carta pastoral insistiendo en la separación de iglesia y Estado, postura que fue apoyada por el Vaticano a través del nuncio: «Ustedes, el Episcopado japonés, han expuesto con toda claridad el principio de la separación de Iglesia y Estado, no sólo para Japón sino también para otros países», escribía monseñor Alberto Bottari de Castello. Esta postura ha sido confirmada en la visita de los obispos japoneses ad limina del pasado noviembre por Benedicto XVI.
El pasado 30 de mayo se constituyó una asociación, presidida por el obispo Tani, para defender el artículo 20 de la Constitución, en el que se garantiza que el Estado no privilegiará a ninguna religión. Este artículo es el que el actual gobierno intenta sutilmente cambiar, escudándose en la cultura y costumbres, el fomento del patriotismo o la mayoría sociológica de una tradición popular.
Para quienes estamos implicados en japón en el diálogo interreligioso y en la convivencia ciudadana en contexto de pluralidad y laicidad, resulta desconcertante leer noticias de prensa sobre las añoranzas de privilegios por parte de instancias eclesiásticas españolas.
Vistos desde Japón, resultan chocantes e incomprensibles comportamientos como los siguientes: el juramento de su cargo por el presidente del gobierno y sus ministros ante la Biblia y el crucifijo; la ofrenda anual oficial a Santiago; la celebración de una misa, en vez de un funeral interreligioso, por víctimas de terrorismo pertenecientes a otras confesiones religiosas; la oposición episcopal a la Educación para la Ciudadanía; el desfile de militares en procesiones de Semana Santa o la presidencia de políticos en las mismas procesiones: la exaltación de símbolos emblemáticos de compromiso entre el trono y el altar; y un etcétera no precisamente corto... En cambio, en Universidades y colegios católicos de Japón, aunque ofrezcamos sin coaccionar a nadie la posibilidad de participar libremente en actos religiosos y tengamos oratorios y centros de pastoral en el campus, no se nos ocurriría colocar el crucifijo en las aulas...
En el caso de España habrá que recomendar al electorado católico, cualquiera que sea el partido en que milite, la relectura de la Declaración Dignitatis humanae, del Concilio Vaticano II, para que apoyen los esfuerzos legislativos de revisar la libertad religiosa en términos jurídicos de igualdad.
Eso supondrá revisar los acuerdos Iglesia-Estado, hoy ya anacrónicos. La iglesia debe renunciar a la nostalgia de poder y ha de aprender a participar en la sociedad civil, plural y democrática en condiciones de igualdad, sin favores de privilegio, ni rechazos de exclusión.
(Publicado en La Verdad, de Murcia, el 19-junio-2008)
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La Iglesia frente al Estado: ¿Derechos o privilegios?
Benjamín Forcano, sacerdote y teólogo
Público
Todos y cada uno de los ministros de Zapatero prometieron su cargo, la toma de posesión más laica de la historia. Lo hicieron, eso sí, frente a un crucifijo.
No nos extrañe que frente al problema de la presencia de la Iglesia católica en la sociedad española, surjan opiniones encontradas. Venimos de un pasado en el que ha tenido un papel hegemónico, impositivo y excluyente.
A ese pasado, ha seguido un proceso secularizador, el de la racionalidad moderna, que reclamaba la emancipación de la tutela de la Iglesia y, en ocasiones, su marginación y desaparición pública. Este proceso ha ido generando poco a poco el nuevo concepto de laicidad y ciudadanía. La laicidad es una condición que debe configurar el actuar de todo ser humano. En medio de circunstancias que nos diferencian y nos oponen, estamos constituidos con una dignidad común que nos identifica como humanos, semejantes, y nos capacita para la convivencia.
Vivimos un tiempo nuevo donde muchos se ven obligados a perder poder, privilegios y dominio para que otros, los más, ganen en igualdad, justicia, libertad y convivencia. Situarse en este tiempo es entender que vivimos en una sociedad secular, laica y plural. Si todos somos iguales, si las minorías religiosas en España son un 3 % siendo aún mayoritaria la religión católica, si la práctica de la libertad religiosa es un derecho y el Estado es gestor y garante del bien común, nadie debe tener trato de favor. El Estado debe ser aconfesional y laico, pero no antirreligioso ni laicista (en el sentido de proscribir la religión). El PSOE, en su programa y acción de gobierno, no lo es.
En España, estamos en proceso de cambio. Es preciso asimilarlo paciente y pedagógicamente, contando con las obstrucciones contumaces de quienes han vivido en otra época y se empeñan en seguir en ella. Lo describió con acierto Gregorio Peces-Barba, cuando, preguntado por opiniones de obispos españoles, contestó: “Es la misma doctrina del siglo XIX. Son enemigos de las libertades modernas… Si pudieran, serían como los islamistas radicales, no en el tema de la violencia extrema, pero sí en la pretensión de mandar por encima del poder democrático legítimamente elegido”. Respecto a los signos religiosos, dijo: “Me parece que la presencia del crucifijo en la presentación del Gobierno es un anacronismo. No haberlo retirado responde a la voluntad de no irritar más la piel de los señores obispos. Pero es incoherente, como los actos religiosos celebrados en medio de actos públicos”.
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¿Es el Gobierno rehén de la jerarquía católica?
Juan José Tamayo, teólogo
El País
No se me hubiera ocurrido hacer esta pregunta durante el primer Gobierno socialista presidido por Felipe González en 1982. Y si la hubiera escuchado de labios de otras personas, hubiera respondido con contundencia: “¡Impensable, inimaginable!”. Era la respuesta más acorde con el ideario laico fundacional del PSOE, con la gradual secularización de la sociedad española, con el principio de libertad religiosa y con el de diversidad de religiones entonces incipiente. Sin embargo, conforme iban sucediéndose los diferentes gobiernos socialistas en el poder, mi respuesta iba evolucionando del contundente “imposible” al más matizado “pensable y posible”. Pero sin llegar a la respuesta afirmativa.
La vicepresidenta del Gobierno ha ampliado los privilegios a la Iglesia
Si los obispos se manifiestan, el Ejecutivo les concede nuevos privilegios
Mi percepción sobre el tema empezó a cambiar durante el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero. Fue entonces cuando creí posible responder afirmativamente. Pero seguía sin decidirme. Y no faltaban razones para la indecisión. Durante la primera etapa de la legislatura se aprobaron leyes como la del matrimonio homosexual, la del divorcio exprés y la de Técnicas de Reproducción Asistida. Contaron con una resistencia numantina por parte de la jerarquía católica, que hizo todo lo posible por impedir su aprobación presionando de distintas formas: declarándolas contrarias a la ley natural, manifestándose en la calle del brazo del Partido Popular, acusando al Gobierno de “fundamentalista laicista”, etcétera. Sin embargo, los legisladores de la mayoría progresista no sucumbieron a las presiones eclesiásticas.
Pasado el ecuador de la anterior legislatura, cambió el escenario de las relaciones Iglesia católica-Gobierno socialista. Se aprobó la Ley Orgánica de Educación, que mantenía la enseñanza de la religión confesional, incluso con alternativa. E incrementó la asignación tributaria para la Iglesia católica del 0,52% al 0,7%, a través de un acuerdo blindado entre la Santa Sede y el Gobierno español, con la exclusión de las demás religiones.
Tal situación de privilegio es aún más llamativa estos días en que asistimos, inermes, a la discriminatoria publicidad en los medios de comunicación, las vallas publicitarias y los templos católicos pidiendo a los contribuyentes que pongan la cruz en la casilla de la Iglesia católica en vez de hacerlo en la destinada a fines sociales. Campaña que cuenta con el apoyo explícito del embajador de España ante la Santa Sede, el socialista Francisco Vázquez.
Y si el Gobierno de Rodríguez Zapatero negoció con la jerarquía católica y con la FERE la Ley de Educación para la Ciudadanía, ahora está dispuesto a llegar a acuerdos sobre los contenidos de la nueva asignatura. ¡De nuevo la jerarquía católica colegisladora!
Tras estas actuaciones, ya no tengo ninguna duda: efectiva
mente, el Gobierno fue -y sigue siendo- rehén de la Iglesia católica. Cuanto más se manifestaban y gritaban las huestes episcopales en los espacios públicos -nuevos púlpitos del integrismo católico-, más privilegios recibían del Gobierno. Y todo ello en contra de los principios de laicidad, igualdad y no discriminación, y ante la incomprensión de los propios militantes socialistas y de no pocos creyentes de las distintas religiones. El PSOE renunciaba a su tradición laica y se lanzaba por la pendiente de las alianzas con la Iglesia católica, en detrimento de la laicidad del Estado. Y sin nada a cambio.
La vicepresidenta del Gobierno español ha expresado recientemente el compromiso del Ejecutivo de avanzar en la laicidad durante esta legislatura. Para ello ha anunciado la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 1980. Aun valorando positivamente el anuncio y reconociendo la necesidad de modificar dicha ley, que, casi 30 años después de su aprobación, ha quedado obsoleta, no puedo menos que expresar mi escepticismo, con tendencia a la incredulidad, teniendo en cuenta que fue la propia vicepresidenta la que obstaculizó cualquier avance en la dirección de la laicidad y la que, durante la legislatura anterior, más contribuyó a mantener, e incluso a ampliar, los privilegios de la Iglesia católica.
La profundización en la laicidad debe comenzar por la revisión del artículo 16.3 de la Constitución, que incurre en una clara contradicción al afirmar, en su primera parte, que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” y, en la segunda, que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas”. Es, por tanto, el propio texto constitucional el que está en el origen del trato de favor a la Iglesia católica y de la discriminación de las demás confesiones religiosas, y el que constituye el primer obstáculo para avanzar en la laicidad del Estado y de sus instituciones. Ésa es la raíz del problema. Y por ahí hay que empezar la reforma. De lo contrario, todo quedaría en un simple revoque de fachada.
Sorprende, sin embargo, que entre las materias de la Constitución a reformar se hable del Senado y de la sucesión a la Corona, y no se haga ninguna mención a las modificaciones en materia religiosa, cuando es una de las más urgentes para terminar con la alargada sombra del nacionalcatolicismo, que se extiende hasta las más altas instituciones del Estado. Dos ejemplos recientes: la promesa del presidente y de los ministros ante el crucifijo y la celebración del funeral católico de Estado por el recientemente fallecido ex presidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo.
Alguien puede sentirse tentado a justificar la mención a la Iglesia católica en que es la religión mayoritaria en España. Este mismo razonamiento podría llevar, por ejemplo, a defender la inclusión de Comisiones Obreras y de la UGT en el texto constitucional al ser los sindicatos mayoritarios entre la clase trabajadora, hasta afirmar: “Ningún sindicato tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta la afiliación sindical de los trabajadores y mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con CC OO, UGT y los demás sindicatos”. A nadie se le ocurre ni siquiera pensarlo, porque sería un despropósito.
Junto a la modificación del artículo 16.3 hay que acometer la reforma de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que constituyen la plasmación jurídica del trato de favor a la Iglesia católica y son el punto de apoyo arquimédico de la jerarquía eclesiástica para reclamar unos derechos que, en realidad, son privilegios. Se trata de unos Acuerdos anacrónicos, más propios del nacionalcatolicismo que de un Estado que se declara no confesional y al que el Tribunal Constitucional denomina laico desde el 2001.
Estas reformas son condición necesaria para entrar definitivamente en un nuevo paradigma en las relaciones del Estado con las religiones, caracterizado por la separación y la independencia, sin hipotecas por ninguna de las partes, y por la colaboración en cuantos asuntos contribuyan al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Eso sí, sin privilegios ni fáciles sumisiones. Mientras estas dos reformas no se acometan, seguirán las relaciones mercantiles y la dependencia mutua entre la Iglesia católica y los sucesivos Gobiernos, cualquiera que sea su color político.
Juan José Tamayo es director de la cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid.
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CURAS EN COMITÉS DE ÉTICA ASISTENCIAL
FRANCISCO PRAT, experto en bioética, Cristianos en el PSOE
MADRID.
ECLESALIA, 25/04/08.- De nuevo, la bioética se convierte en cuestión polémica, controvertida. En este caso, a cuenta de la noticia, aireada la semana pasada, de la presencia de los curas en los Comités de Ética Asistencial en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Los medios, con frecuencia, tergiversan la realidad. Así, rezaba un titular que “los comités de Ética Asistencial son los que deciden la aplicación de la sedación o la eutanasia en los cuidados paliativos”. Es inexacto e incierto.
Los Comités de Ética Asistencial (CEAs) son un órgano de carácter consultivo y entre las funciones expresamente excluidas de su competencia está la toma de decisiones vinculantes o el subrogarse en la responsabilidad de quien presenta una consulta. Es decir, las decisiones de carácter clínico le corresponden al médico siempre. El Comité tan solo emite informes no vinculantes a solicitud de un profesional que desea consultarle sobre aspectos éticos. No puede tampoco juzgar la corrección o incorrección ética de la actuación de un profesional.
Respecto a su composición, suele ser plural; es decir, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, juristas, expertos en bioética, miembros “legos” ajenos a la institución, etc. En aquellas instituciones en las que se cuenta con asistencia religiosa católica, los curas suelen pertenecer a los CEAs. Entre otras cosas, porque no es fácil encontrar a personas disponibles para participar en esos grupos, y los curas suelen estarlo.
En los hospitales públicos rige un Acuerdo Iglesia-Estado sobre Asistencia Religiosa Católica en los Centros Hospitalarios Públicos de 1985, que se enmarca en los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979. Es en ese contexto en el que se firma el polémico Convenio entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Arzobispado madrileño. Dicho Convenio se firmó en 1997 y ahora en 2008. En él se dice que “el Servicio de Asistencia Religiosa, a través de sus legítimos representantes, formará parte del Comité de Ética y del Equipo Interdisciplinar de cuidados paliativos.
¿Deben los curas formar parte de los Comités? La tradición ha atribuido al clero cierto halo de “expertía” en el manejo de los temas morales. De algún modo, la sociedad reconocía a los sacerdotes el papel de “guía moral” o depositarios de la verdad moral. Hoy, en la España del siglo XXI, afortunadamente las cosas han cambiado mucho. La pluralidad de nuestra sociedad hace que convivan diversos “universos morales”, superando el escenario del pasado en el que había un único “código moral” que era, huelga decirlo, el católico. Entonces, nadie ponía en cuestión que los intérpretes del código fueran los sacerdotes. Cosa distinta es que algunos sectores de la Iglesia añoren aquel estado de cosas y deseen volver a esa situación pasada. Es el caso de buena parte de nuestra jerarquía.
La pregunta sobre si deben los curas formar parte de los Comités podría reformularse en estos términos: ¿qué curas en los Comités? Si son curas que se sienten en posesión de la verdad moral, es mejor –mucho mejor- que no formen parte de los CEAs. El sacerdote –el creyente, en definitiva- que quiera tener cierta “autoridad” en temas de bioética y asistencia a la persona enferma, deberá ser creíble por sus actos, por su formación seria y rigurosa en bioética, por su talante abierto y dialogante, por su capacidad de reconocer en el otro, en el que no piensa como él, su “pedazo” de verdad moral, por su capacidad de trabajar en equipo como iguales. Si el cura es así, entonces resultará evidente al resto de los miembros del Comité, que debe seguir perteneciendo al mismo. Y lo será no en cuanto sacerdote, sino en cuanto persona.
Porque, de hecho, los miembros del Comité lo son a título personal y no en razón de su cargo; es decir, cuando un médico habla en un Comité no representa a los médicos, ni cuando una enfermera habla lo hace en nombre del colectivo de enfermería; no es así en los CEAs, sino que, al contrario, cada uno habla desde su experiencia y opinión personalísima. Así, nadie puede pretender ver en la opinión de un médico la opinión de la Medicina. Del mismo modo, nadie debería pretender ver en la deliberación de un cura en un CEA la opinión de la Iglesia Católica. Por tanto, en mi opinión, los curas no deberían pertenecer “de oficio” a los Comités, sino como expertos en cuestiones bioéticas.
El problema es que, en general, pocos –muy pocos- sacerdotes tienen formación en bioética, en habilidades de comunicación con el paciente, en enfermería, en pastoral de la salud. La falta de preparación del clero español en estos temas es alarmante. Y, en muchos casos, por esa posición del falso sabio para quien no es necesario saber otras cosas si se sabe de una sola. Y como saben mucho de “cosas de la Iglesia” poca falta les hace lo demás. Por eso, entonces, son percibidos como alguien que se sitúa por encima de los demás. En mi opinión, es preferible que curas con ese perfil se mantengan fuera de la deliberación moral. Simplemente, porque no están preparados.
Por tanto, el sacerdote en el Comité, sí y no. Sí, en cuanto experto en bioética y no en cuanto representante de una confesión religiosa. Lo que los CEAs necesitan son personas abiertas al diálogo, prudentes y con conocimientos en bioética. Sean o no curas. A efectos del Comité, la condición de uno de sus miembros (casado o soltero, hombre o mujer, cura o laico) debería ser irrelevante. Porque además, otras confesiones religiosas tienen todo el derecho a reclamar que, si hay curas en los Comités en calidad de representantes de una confesión, también haya representantes de la suya.
En esta polémica que os ocupa, toca reconocer el importantísimo papel que la institución eclesial ha jugado y juega en la asistencia sanitaria en nuestro país. Y, desde esa valoración positiva, explorar caminos en pos de una sociedad más democrática y participativa. Ello implica ir implementando el principio de una sana e incluyente laicidad, que respete el hecho religioso como fuente de valores e impulse el diálogo cívico en busca de puntos de acuerdo laicos en los que todos, independientemente de nuestras creencias, podamos vernos reflejados. Y la inclusión de sacerdotes en los Comités en virtud de un Convenio no camina en esa dirección. Camina más bien en la dirección contraria.
Por tanto, desde mi postura de creyente católico y militante socialista de Madrid, comparto la demanda de que se derogue el vigente Convenio entre la Comunidad de Madrid y el Arzobispado. Eso sí, hágase sabiendo por qué y para qué, y no como una visceral reacción anticlerical. Porque si lo hacemos de este modo, tampoco estaremos contribuyendo a una sana e incluyente laicidad. (Eclesalia Informativo autoriza y recomienda la difusión de sus artículos, indicando su procedencia).
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¿ QUE ESTA PASANDO EN LA IGLESIA ?
Benjamín Forcano
PUBLICO, 18 de Marzo de 2008
Creo que es exacto hacernos esta pregunta. Llevamos una legislatura en que el desconcierto de la gente ha ido creciendo. Y ha culminado ante la aparición y declaraciones insistentes de la Jerarquía eclesiástica en contra del Gobierno socialista.
Eco de este desconcierto son los tres documentos que acaba de emitir el Foro Curas de Madrid: 1. Laicidad y laicismo. 2. ¿Están algunos de nuestros obispos traicionando la neutralidad política. 3. La formación del clero de Madrid en manos del Partido Popular, en los que se pide a la Iglesia una nueva relación y manera de actuar en la sociedad de hoy, un abandono del poder del pasado desde el que todavía pretenden seguir mandando y una denuncia por estar confiando la formación de los sacerdotes de Madrid, en temas de enorme actualidad, a personas conocidas del Partido Popular.
El caso es que, en España, no hay ningún obispo profeta que disienta y se atreva a hacerlo públicamente. Son, sin embargo, millones los católicos que disienten y se distancian de la cúpula dirigente. Tienen muy claro que sus Pastores no proceden así por más fidelidad al Evangelio y por más amor los pobres.
No deja de resultar significativo que, en una situación democrática donde existen condiciones de libertad como no las hubo antes, han venido algunos obispos denunciando que la “Iglesia” con este Gobierno se siente acosada y perseguida: “Se da una crítica y manipulación de los hechos de la Iglesia, un cerco inflexible y permanente por medio de los medios de comunicación. Somos una Iglesia, crecientemente marginada. Lo que estamos viviendo,, quizás sin darnos cuenta de ello, es un rechazo de la religión en cuanto tal, y más en concreto de la Iglesia católica y del mismo cristianismo” (Mons. Fernando Sebastián, Situación actual de la Iglesia: algunas orientaciones prácticas, Madrid, ITVR, 29 –III- 2007).
No nos quieren, repetía hace poco uno de los obispos. Pues claro, pero, ¿por qué no los quieren? ¿La Iglesia son los 80 obispos de nuestro país? Y se les seguirá no queriendo mientras sigan encarnando ese modelo de Iglesia clerical, menospreciativo del pueblo, ajeno a la igualdad, la cercanía y la humildad para contar y aprender del pueblo. La Iglesia -clerical- ha sido mucho maestra y muy poco discípula.
Seguramente es verdad lo que un buen sociólogo me decía: no son creíbles porque viven en otro mundo, añoran hábitos hegemónicos de poder y dominio de otra época, no están dispuestos a despojarse -dejarse morir- para iniciar una adaptación que les haga valorar la nueva situación.
Ha habido en los últimos siglos una positiva evolución de la conciencia social y eclesial que explica la nueva situación. El concilio Vaticano II lo entendió perfectamente y, por primera vez, hubo una reconciliación oficial con el mundo moderno, con la democracia, la igualdad, el pluralismo y la libertad. Pero eso no es lo que se daba antes. Antes era la alianza de la Iglesia con los poderes estatales, la primacía de la religión católica, el protagonismo del clero, la supeditación de los saberes humanos al saber teológico, la devaluación de lo terreno y temporal, la desigualdad, la desconfianza frente al mundo y otras religiones, el honor de la Iglesia como tarea prioritaria y no la liberación de los pobres, la obediencia como norma suprema.
Y, cuando el cambio de todo esto ocurre, se dirige la vista a otra parte y se inventa un falso enemigo a quien culpar de todo. Lo que es una situación objetiva irreversible, - hemos pasado de una época teocrática e imperialista a otra humanocéntrica y democrática- se la interpreta como un cúmulo de males, provocados por un partido y un gobierno.
Muchos hechos del presente tienen causa en el pasado. El modelo de Iglesia Tridentino dista mucho del modelo del Vaticano II. Y el del pasado debe ser entendido y explicado a través del modelo del Vaticano II, no al revés, como no pocos pretenden. El cardenal Ratzinger -hoy Papa- en su Informe sobre la Fe de 1985 afirmaba: “Resulta incontestable que los últimos veinte años del posconcilio han sido decisivamente desfavorables para la Iglesia... Una reforma de la Iglesia presupone un decidido abandono de aquellos caminos equivocados que han conducido a consecuencias indiscutiblemente negativas”.
El cardenal Ratzinger pudo, como timonel durante 23 años en el Pontificado de Juan Pablo II, dedicarse a reconducir esos equivocados caminos.
Por tanto, los desasosiegos y los anatemas de la Jerarquía se deben a que sufren una descolocación con el tiempo en que vivimos. Es significativo que en la Iglesia -jerarquía y pueblo- sea tan notable el desentrenamiento para vivir en una situación democrática. Vivir en democracia es algo que le ocurre por primera vez. Y los hábitos democráticos no se improvisan, hay que aprenderlos, cultivarlos, amarlos.
El Concilio vivió un conflicto entre una minoría conservadora y una gran mayoría renovadora. Lo que esa minoría perdió entonces lo fue ganando posteriormente, contando con la aportación del entonces definidor de la fe, y hoy Papa, que parecía proponer hacer tabla rasa de todo y comenzar de nuevo.
Todo parece indicar que la Iglesia de Benedicto XVI con los vientos a favor camina hacia el preconcilio: da trato de favor a los neoconservadores, pone en entredicho el diálogo ecuménico, se sitúa de espaldas a la legítima autonomía de la cultura y de las ciencias, pospone, frente a problemas internos que han sido ya replanteados, las grandes causas de la humanidad que, por ser primeras y prioritarias, deben unirnos a todos.
Ese modelo de Iglesia autoritaria y neoconservadora, no servidora y anunciante de un Reino de hermanos y hermanas, en igualdad, libertad y amor, es el que dicta el regreso al pasado y el miedo a una auténtica inserción en el presente.
Benjamín Forcano
Sacerdote y teólogo
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El retorno del cardenal tronante
Lola Galán
El País
http://www.redescristianas.net/wp-admin/post.php?posted=true
Vuelve el Rouco de siempre. El cardenal de Madrid toma a los 71 años, por tercera vez, las riendas de la Iglesia para impulsar su cruzada antilaicista y “defender la familia”
La lente fotográfica no miente. Antonio María Rouco Varela era un hombre feliz el martes pasado, cuando se presentó ante los periodistas como nuevo presidente de los obispos españoles. Su aspecto -con gafas más ligeras, un corte de pelo discreto y un brillo nuevo en la mirada- disipaba cualquier duda sobre la salud del cardenal de Madrid, ya superada la enfermedad que obligó a extirparle un riñón en el otoño de 2004. Recuperar a los 71 años su puesto en la sala de mando de la jerarquía eclesiástica española en vísperas de una previsible (según las encuestas) victoria socialista, no podía resultar indiferente al cardenal que más ha batallado contra algunas leyes del PSOE.
El amigo de Ratzinger
La victoria tenía también una lectura personal. Hombre propenso a la melancolía, la derrota de 2005, cuando se quedó a un voto de ser reelegido por tercera vez presidente de los obispos y el timón pasó a manos del moderado obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, le había producido una gran decepción.
Durante el gobierno de Blázquez, Rouco dio un paso atrás, dejando casi todo el protagonismo, en lo que al ala dura del episcopado se refiere, al cardenal de Toledo, Antonio Cañizares, y al de Valencia, Agustín García-Gasco. Su perfil se mantuvo bajo, aunque su voz se alzara para rechazar el derecho del Estado a dar una educación moral a los escolares (a través de la asignatura de Educación para la Ciudadanía); para denunciar una y otra vez el laicismo creciente de la sociedad española o la maldad intrínseca de los matrimonios gays. Su verdadera reaparición estelar no se produjo hasta el 30 de diciembre pasado, en la multitudinaria manifestación de la plaza de Colón de Madrid. Allí, Rouco fue de nuevo Rouco. El poderoso cardenal que congrega masas gigantescas. El que fustiga al Gobierno socialista con verbo afilado.
“El ordenamiento jurídico ha dado marcha atrás respecto a lo que la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconocía: que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene derecho a ser protegida”, dijo ante las más de 160.000 personas congregadas. Y no se la protege, siguió Rouco, porque con “las leyes vigentes” se “relativiza radicalmente la idea del matrimonio” y “se fomentan desde las edades más tempranas prácticas y estilos de vida opuestos al valor del amor indisoluble”.
Era el Rouco de siempre, tronando con su garganta propensa a la ronquera. El líder indiscutible del sector más integrista del catolicismo español. El único capaz de tejer las alianzas precisas con el principal inquilino del Vaticano, Benedicto XVI, que asomó por la pantalla gigante, en conexión directa desde la plaza de San Pedro. La manifestación fue, para muchos, la señal del cambio que se avecinaba. Y el cambio se materializó este martes.
Rouco vuelve a ponerse al frente de la poderosa empresa eclesiástica española, con sus 20.000 sacerdotes, 4.500 religiosos y 54.000 religiosas, la mayor parte de estos últimos dedicados a la enseñanza; su centenar largo de catedrales, sus 120 seminarios y sus 23.000 parroquias. Y, lo más importante, su ejército de unos 39 millones de católicos, aunque sólo el 30% se reconozca verdaderamente practicante.
Vuelve el afable conversador, el hombre que se desenvuelve a las mil maravillas en las distancias cortas, el purpurado español con más influencia en el Vaticano de los tiempos modernos. El hombre que acumula condecoraciones -desde el Grelo y el Percebe de Oro a la Cruz de Isabel la Católica-, doctorados honoris causa y cargos en la curia romana -pertenece a varias congregaciones y consejos, y se sienta en la Prefectura de Asuntos Económicos-, ha tomado de nuevo las riendas de la Iglesia española, provocando un estremecimiento general dentro y fuera de la institución.
La izquierda se tienta la ropa, los nacionalistas se llevan las manos a la cabeza, los progresistas católicos acogen la elección con resignación. ¿De verdad es para tanto? “Entre la derecha y la extrema derecha, la diferencia no es tanta”, dice el portavoz de los homosexuales católicos, del colectivo Lambda de Valencia. “Rouco representa el sector más homófobo, reaccionario y machista de la Iglesia. Claro que para nosotros la jerarquía no es la Iglesia; la Iglesia es la gente, el pueblo de Dios”.
Más diplomático, Manuel de Castro, secretario general de la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE), opina que las cosas no cambiarán mucho. “Al contrario, ahora que Rouco asume la dirección de la CEE es más probable que haya un entendimiento con el nuevo Gobierno socialista si ganan las elecciones”.
Los religiosos de la enseñanza quieren diálogo a toda costa y se han distanciado de algunos obispos que abogaban por la objeción de conciencia en la nueva materia de Educación para la Ciudadanía. Ellos se dan por satisfechos con que se les reconozca el poder de elaborar a su gusto los textos de la asignatura. Quieren paz a toda costa. Buscan consenso y que desaparezca “el apoyo implícito a un partido determinado”. De Castro no lo nombra, pero se refiere al Partido Popular, el más próximo al ideario de Rouco Varela y al ala conservadora de la Iglesia, la única gran formación que ha saludado con satisfacción el regreso al poder del cardenal de Madrid. “Nos gustaría que esta nueva fase del gobierno episcopal se distinguiera por un espíritu dialogante”, insiste De Castro.
¿Será así? Son muchos los entrevistados para este reportaje que no ven sustanciales diferencias entre Blázquez y Rouco. El cambio se establece más bien en el talante de cada uno y en las fuerzas en las que se apoyan. “Blázquez es una persona buena, sin doblez; Rouco es más político, tiene más don de gentes”, dice un sacerdote que ha coincidido con ambos. Prueba de que el obispo de Bilbao no parece hecho para llevar las riendas del gobierno episcopal es que en la manifestación del 30 de diciembre se le vio descolocado, ampliamente sobrepasado por la potencia fustigadora de los cardenales que le escoltaban, aunque no faltó a la cita. Y luego está su carácter, más bien suave y poco amigo de las intrigas.
Hasta hace muy poco, Blázquez no tenía siquiera teléfono móvil y llevaba los asuntos de la Conferencia Episcopal desde su despacho de la ciudad vasca. A Rouco Varela, en cambio, le sobran contactos en toda España y está en permanente comunicación con la cúpula vaticana. Es un hombre de amplio espectro. Pasa del clergyman a la sotana púrpura con la mayor naturalidad. En Roma es su eminencia; en Madrid, don Antonio, y en familia, simplemente Tucho. De su lado están los grandes movimientos cristianos, desde el Opus Dei hasta Comunión y Liberación, y sobre todo el Camino Neocatecumenal de Kiko Argüello, el hombre que ha decorado las vidrieras de la catedral de la Almudena, para consternación general, aunque al cardenal le gusten.
Los kikos, como se conoce a los seguidores de Argüello, llenan plazas y catedrales a una llamada de don Antonio. Rouco se apoya en los kikos, y en Roma están encantados con las masas que congrega. A cambio, todas las puertas de la curia se abren a su paso. Y el laberinto vaticano ha dejado de tener secretos para él. Hombre de confianza de Juan Pablo II, que le distinguió con multitud de honores y le nombró cardenal en 1998, ha sabido establecer una comunicación fundamental con su sucesor, Benedicto XVI. Rouco ha abrazado la cruzada de Ratzinger contra el relativismo de las sociedades desarrolladas y la defensa de la familia tradicional con el mismo entusiasmo con el que abrazó el folclore multirracial de los encuentros de la juventud de Wojtyla. Pero siempre con pies de plomo. ¿Un ejemplo? Mientras otros cardenales conservadores presidían en Roma misas en latín, con la liturgia preconciliar, él escondía bajo la alfombra a la pequeña comunidad de sacerdotes y fieles que practicaba el rito en Madrid, temeroso de las críticas.
Su sintonía con Benedicto XVI es, sin embargo, innegable. ¿De dónde arranca? Se ha contado hasta la saciedad que la amistad surgió en Munich. Rouco estudió en esa universidad alemana entre 1959 y 1964, y Ratzinger fue, supuestamente, profesor suyo. En esa etapa, sin embargo, el hoy Pontífice era profesor en Bonn y en Münster. Nada impide que se encontraran en la capital bávara con otro motivo. Sea como fuere, el cardenal de Madrid habla alemán con fluidez (además de latín, italiano y gallego), y puede conversar con el Papa en su idioma. El Pontífice le apoya y todo el mundo lo sabe. “En el Vaticano es una persona muy apreciada. Entre otras cosas porque puede presentar una cuenta de resultados encomiable”, dice el socialista Francisco Vázquez, embajador español ante la Santa Sede y, desde los años ochenta, amigo y admirador de Rouco.
En ese balance están no sólo las masas de fieles que es capaz de reunir el cardenal de Madrid, sino el seminario de la archidiócesis, repleto de aspirantes a sacerdotes en tiempos de galopante crisis de vocaciones, y la devoción con la que Rouco contribuye al óbolo papal. Estos mismos poderes conquistaron a Karol Wojtyla cuando visitó Santiago de Compostela en 1989, para presidir la IV Jornada de la Juventud. El Papa se encontró en el Monte del Gozo con una multitud difícil de reunir en Europa. Y apuntó en su agenda el nombre del artífice de aquel éxito: el arzobispo local, un tipo sólido con aspecto de cura rural llamado Rouco Varela. Catorce años después, ya arzobispo de Madrid, volvió a demostrar su poderío al reunir otra masa oceánica en la capital española, donde un Wojtyla en total declive físico beatificó a cinco españoles.
Con razón, en la curia romana se confía en Rouco. Y su elección al frente de los obispos españoles sólo puede haber sido acogida con entusiasmo. Seis semanas antes de la crucial elección, el cardenal fue recibido por el Papa en el Vaticano. Son audiencias que han dejado de ser novedosas por lo frecuentes. El cardenal vive casi a caballo entre Madrid y Roma. Hasta el punto de que tiene un guardarropa completo, con trajes de ceremonial y sotanas cardenalicias, en el colegio-residencia español de Via Giulia, donde se aloja siempre. Y una rutina fija.
Se levanta temprano, celebra misa a las ocho de la mañana, acude a las reuniones de la curia que le corresponden y encuentra siempre tiempo para acercarse a comer al Palacio de España. “Es un asiduo de esta embajada”, reconoce Vázquez con un punto de orgullo. “Viene a comer y luego le gusta mucho hacer un poco de tertulia. No discutimos de política, hablamos siempre de valores, de la marcha de la sociedad”. Oyendo a Vázquez es fácil imaginarse la tertulia romana de Rouco, en torno a una metafórica mesa camilla, con el rector de la iglesia española de Santiago y Montserrat, José Luis González Novalín, y otros sacerdotes españoles que viven en la Ciudad Eterna. En Roma reinan la paz y la concordia, y Rouco puede practicar sin problemas el único deporte que practica: caminar.
“Recorre sus buenos cuatro kilómetros a pie. Siempre en círculo”, dice González Novalín. Camina hacia la plaza de San Pedro, luego enfila hacia el Tribunal Supremo, atraviesa Piazza Navona, Campo dei Fiori, y reaparece en Via Monserrato, escoltado siempre por uno de sus secretarios. A veces, los compatriotas le reconocen y le paran para saludarle. En pleno cónclave, dos periodistas se lo tropezaron paseando por Via Giulia. “Cardenal, ¿cómo van las deliberaciones?, ¿qué perspectivas hay?”, le preguntaron. “Todo bien, todo bien”, respondió él con una media sonrisa socarrona de gallego desconfiado.
Los pasos de Rouco en Madrid son mucho más difíciles de seguir, como imposible es sumergirse en los detalles de la biografía de este hombre de 71 años de edad, 167 centímetros de estatura y unos 75 kilos de peso, que controla directa o indirectamente la Iglesia española desde hace una década. El obispo secretario de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, uno de sus más estrechos colaboradores, se excusa por no poder hablar, recluido en los trabajos de la Conferencia. Tampoco su sobrino, Alfonso Carrasco, flamante obispo de Lugo, que participa en la misma reunión. Y los que pueden hablar no quieren hacerlo. “No me gusta participar en estas cosas de la prensa”, se disculpa el deán de la catedral de Santiago, que fue compañero de pupitre de nuestro cardenal en sus años de seminarista en Mondoñedo. No habla su familia, y muchos de sus amigos se obstinan en presentarse como simples conocidos. A juzgar por las reacciones, cualquiera diría que el nombre del cardenal arzobispo de Madrid quema como una tea encendida.
“Pero si es un hombre de lo más sencillo y tratable. Viene siempre de incógnito. A mí me avisan los vecinos. ‘¡Vimos a Tucho paseando junto al río!’, me dicen”. Lo cuenta Gerardo Criado, alcalde de Villalba, el pueblo de Lugo donde nació, el 20 de agosto de 1936, nuestro cardenal. Criado conoce a su hermana, Visitación, y a tres de los sobrinos de Rouco que viven todavía en el pueblo, en la vieja casa de los abuelos, y regentan la tienda de telas familiar. Rouco, el menor de seis hermanos, vivió poco en Villalba.
A los 10 años ingresó en el seminario de Mondoñedo; de ahí pasó a la Universidad Pontificia de Salamanca -ciudad donde fue ordenado sacerdote- para estudiar teología y derecho canónico, y luego a Munich, donde se doctoró en esta última materia.
Salamanca, adonde regresó para dar clases de derecho en 1969, tras un periodo de profesor en Mondoñedo y en Munich, parece haber sido una ciudad clave en su meteórica carrera eclesiástica, pero pocos se dieron cuenta. Compañeros de aquellos años lo recuerdan como una persona introvertida, muy aficionado al cine y sumamente ortodoxo en sus clases. Rouco obtuvo la cátedra de Derecho Canónico y fue vicerrector del centro hasta 1976, cuando el destino le llevó de vuelta a Galicia, como obispo auxiliar de Santiago. Ya huérfano, el joven obispo encontró un segundo padre en el titular de la archidiócesis, Ángel Suquía. Un vasco de carácter explosivo que se convertiría en su mentor y allanaría el camino hacia la cúspide del joven gallego. Suquía, en excelentes relaciones con el papa Wojtyla, consiguió que Rouco le sustituyera cuando fue nombrado arzobispo de Madrid. Un puesto que pasaría a Rouco en 1994, al jubilarse el cardenal vasco. “Es obvio que Suquía fue un verdadero mecenas para Rouco. Sus carreras son paralelas, arzobispos en Santiago y Madrid, y su talante, muy similar”, señala el teólogo Juan José Tamayo.
Las similitudes con Suquía (fallecido en julio de 2006 y enterrado con todos los honores en la catedral de la Almudena) no terminan ahí. Entre 1987 y 1993, el cardenal vasco presidió con mano firme la CEE y dio más de un quebradero de cabeza a los Gobiernos socialistas. Hasta el punto de que el entonces presidente del Ejecutivo, Felipe González, dejó pasar el segundo mandato del cardenal sin recibirle, pese a la insistencia del purpurado.
Comparado con su padrino y mentor, Rouco podría parecer casi un moderado. Suquía condenó el aborto en los términos más duros, y llegó a pedir la cárcel para los perpetradores de semejante delito. En su mensaje de despedida como líder del episcopado español reivindicó el derecho de la Iglesia a “asesorar” a los fieles en cuestiones políticas.
Rouco no está muy lejos de estos planteamientos, pero su tono es más conciliador, “al menos cuando la situación lo requiere”, constatan los que le han tratado. Internacionalmente, sin embargo, el cardenal de Madrid no ha llegado a despegar. Relator general del Sínodo de Obispos Europeos de 1999, sus intervenciones, teñidas de catastrofismo, no contribuyeron a aumentar su popularidad. Aun así, en vísperas de la muerte de Juan Pablo II, Rouco figuró fugazmente en la lista de papables, entre los candidatos más conservadores.
El cardenal de Madrid tuvo sus quince minutos de fama planetaria en la primavera de 2004, cuando celebró el matrimonio del príncipe Felipe con Letizia Ortiz, en una ceremonia retransmitida a millones de telespectadores en todo el mundo. Su discurso, sin embargo, fue plano, según coincidieron la mayoría de los medios, impropio del escenario y del momento.
“Mantened la amistad con Cristo a lo largo de toda vuestra vida matrimonial y familiar”, les instó. “Cuidad la oración personal. Participad en la oración de la Iglesia, especialmente en la eucaristía dominical, donde Cristo transforme en vino nuevo el agua de vuestra existencia”. Una homilía larga que exasperó a los miembros más pequeños de la familia real y a buena parte de los invitados.
Cualquiera echa un borrón, porque, insiste el embajador Vázquez, “el cardenal es uno de los grandes teólogos de la Iglesia universal. No es una casualidad que forme parte de varios dicasterios
de la curia romana”. No todo el mundo está de acuerdo. Su eminencia ha publicado pocos libros de impacto. Para ser exactos, su producción se limita a la tesis doctoral (Relaciones Iglesia-Estado en la España del siglo XVI, publicada en alemán en los años sesenta y en español en 2001) y otros cuatro libros -uno de ellos como coautor-; el último, publicado en 2006, lleva por título España y la Iglesia católica. Y según la página web de una gran librería madrileña, sigue habiendo ejemplares disponibles que se pueden comprar con descuento si se adquiere a la vez un segundo libro; por ejemplo, La última vidente de Fátima, escrito por el cardenal Tarsicio Bertone y el periodista italiano Giuseppe di Carli.
“Rouco no es un teólogo propiamente dicho, su especialidad es el derecho canónico. Tiene una mente muy jurídica, o mejor dicho, canonista; lo importante para él es que se cumplan los cánones”, dice el teólogo Tamayo. Echando mano de los cánones resolvió el espinoso conflicto de la iglesia de San Carlos Borromeo de Madrid, amenazada de cierre por haberse alejado de la liturgia oficial. El cardenal se presentó en el templo una noche, cenó con los tres sacerdotes que lo llevan y les explicó, ante una dorada al horno, que la cosa tenía fácil remedio: bastaba con reconvertir el templo en centro pastoral. Asunto resuelto. Con la misma mentalidad adicta a las normativas afronta otras cuestiones como la asignatura de Educación para la Ciudadanía o la del matrimonio gay. Para Tamayo, que no cree en los cambios desde arriba, el regreso de Rouco es “la reafirmación de la estructura jerárquico-patriarcal y piramidal de la Iglesia. Lo que significa más represión para los teólogos, más trabajo para la Congregación de la Doctrina de la Fe (antigua Inquisición) y el mantenimiento de una línea dura con el poder legislativo y el ejecutivo”.
Pocas novedades, en última instancia, porque la bronca con el Gobierno socialista viene de lejos, aunque haya arreciado sólo unos meses antes de las elecciones generales que se celebran hoy. Un enfrentamiento áspero quizá atizado por ambas partes. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero no dudó en protestar ante el nuncio por la injerencia de los obispos en los asuntos del Gobierno español en la famosa manifestación de diciembre. El martes pasado, tras la elección de Rouco, Zapatero y el nuevo presidente del episcopado intercambiaron corteses y constructivos mensajes. “El cardenal es un político nato”, aseguran quienes le conocen bien. “Mide cuidadosamente sus palabras y sus actos, pero está dispuesto a defender los intereses de la Iglesia”. A su estilo. Puño de hierro en un guante de terciopelo.
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La ofensiva de la jerarquía católica
Carlos Jiménez Villarejo
(Ex fiscal anticorrupción)
El Ciervo
La constante ofensiva de la jerarquía católica más conservadora contra los avances democráticos, concretados en el reconocimiento de derechos civiles, constituye un ataque directo contra la Constitución y el principio de libertad religiosa. La voluntad de imponer sus creencias al conjunto de una sociedad, cada vez más plural, expresa una viva nostalgia del nacional catolicismo, de aquellas leyes franquistas que derogaban las republicanas para “devolver a nuestras leyes el sentido tradicional que es el católico”.
Continúan sin aceptar una sociedad en la que deben tener cabida todos los ciudadanos, creyentes o no, bajo la inspiración de los valores constitucionales.
No podrá aplazarse por mucho tiempo, más allá de oportunismos políticos, la revisión de los acuerdos Iglesia-Estado. La Constitución proclama la libertad religiosa y de culto, establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” y fija un marco de “cooperación” entre el Estado y las diversas confesiones. Sin embargo, en demasiadas ocasiones no parece haberse superado el Concordato de 1953.
El Acuerdo vigente de 1976 afirma que el Estado español reconoce (haciendo referencia a la Ley franquista de libertad religiosa de 1967, derogada en 1980) que “debe haber normas adecuadas al hecho de que la mayoría del pueblo español profesa la religión católica”, afirmación radicalmente incompatible con el planteamiento constitucional. Por ejemplo, los Acuerdos de 1979 sobre enseñanza se firmaron cuando la Constitución acababa de entrar en vigor, pero se negociaron bajo la presión de una jerarquía ávida de conservar sus privilegios antes de que aquella fuera aprobada.
En dichos Acuerdos, el Estado admitió que los Centros educativos públicos estuviesen sometidos a los dictados de dicha jerarquía en cuanto a lo que se refiere al nombramiento y remoción de los profesores de religión católica y a los contenidos de esa materia, norma que, incomprensiblemente, forma parte del ordenamiento jurídico de un Estado que dice ser aconfesional. La jerarquía, periódicamente, despide a profesores de religión con argumentos que se fundamentan en el Código de Derecho Canónico de 1983, código que, además de carecer de legitimidad democrática, no forma parte del ordenamiento español. Constituye una flagrante injerencia de la jerarquía en asuntos públicos.
La posición dominante de la jerarquía constituye una violación de los principios que obligan a todas las confesiones, según la Ley de Libertad Religiosa de 1980, a preservar a todos los ciudadanos de toda “coacción” y garantizarles “el respeto de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución y, en especial, de los de libertad, igualdad y no discriminación”. Lamentablemente, el discurso episcopal mayoritario es una muestra de la absoluta falta de respeto a principios ya indiscutibles en los ordenamientos democráticos como la igualdad de trato, sobre todo por razón del sexo, y el rechazo de políticas discriminatorias.
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Sobre el comunicado de los obispos
Juan Cejudo, miembro de MOCEOP y de Comunidades Cristianas Populares
Moceop
Sigo perplejo y boquiabierto viendo las actitudes de nuestros obispos, sobre todo en estos últimos meses previos a las elecciones generales de Marzo.
Ya el 30 de Diciembre se manifestaron, con la excusa de la defensa de la familia tradicional católica, para atacar al Gobierno con expresiones absolutamente intolerables por parte de los Cardenales Rouco, Cañizares y García Gasco. Nuestros obispos han salido muchas veces , en estos últimos años, en manifestación a la calle, casi siempre acompañados de destacados líderes del P.P. No lo hicieron nunca contra el anterior Gobierno del partido popular, ni siquiera con motivo de la intervención armada en Irak que provocó masivas manifestaciones de ciudadanos en España y en todo el Mundo y que nuestro Gobierno avaló, a pesar de la condena del mismo Papa.
En Enero fue el comunicado de los obispos andaluces posicionándose en las mismas tesis del Partido Popular. Y por último, el Comunicado de los obispos sobre las elecciones, que, con un descaro impresionante, vienen a decir a los ciudadanos: “No voten partidos de izquierdas, voten al Partido popular, que es el que nos conviene y defiende mejor los intereses de la Iglesia”. Ya se que ellos dirán que ellos no han dicho eso. Pero es lo que hemos entendido la mayoría de ciudadanos de este país, como se ha podido comprobar por las reacciones de muchísimos políticos, medios de comunicación y numerosos colectivos de cristianos que así lo han manifestado de modo explícito.
Es verdad que los obispos tienen todo el derecho del mundo a decir lo que piensan. Incluso a pedir el voto para el partido que más les interese.
Pero, por favor, que no sean tan descarados. Porque, aunque digan que no, está claro que los obispos se han metido de lleno en campaña electoral a poco más de un mes de la elecciones generales tomando partido por la Derecha. ¿Es esa la misión de unos pastores que deben serlo para todos?
Eso no lo habíamos visto nunca. Por eso la alarma social ha sido tan grande, tan extensa.
Además resulta muy llamativo que digan que no se vote a quienes promuevan el aborto o el divorcio, cuando en los 8 años del anterior Gobierno, no abrieron la boca para criticarlo por no derogar dichas leyes. Más de 450.000 abortos se practicaron con el anterior Gobierno del Partido Popular ¿No tendrían que haberle exigido que derogara la Ley?
Atacan a Educación para la ciudadanía, cuando es una asignatura que se imparte en casi todos los países de la Unión Europea y no atenta contra nadie. Porque los que quieran dar clases de Religión la van a seguir dando.
Y los matrimonios homosexuales no suponen la destrucción de la familia. No creo que la familia se destruya por eso, sino por otras razones. Tampoco el P.P. ha dejado claro que vaya a quitar esa ley, si acaso, cambiarla de nombre.
Lo más grave de todo: aconsejan no votar a quienes dialoguen con ETA. Sin tener en cuenta que con ETA dialogaron y tuvieron contactos todos los presidentes de Gobierno anteriores (también el Sr. Aznar), porque han buscado, como es lógico, el fin definitivo de la violencia; aunque luego hayan fallado todos en el intento. ¿Por qué no dijeron nada durante la anterior legislatura? ¿Por qué ahora?
Siendo coherente con lo que dicen los obispos, no habría que votar por ninguno de los dos grandes partidos ya que ninguno de ellos ha cumplido las condiciones que ellos apuntan como necesarias para poder votarles. ¿A quien votar entonces?
Por eso, si los obispos se meten en política, es normal que se les conteste políticamente. Ha sido impresionante la avalancha de reacciones contrarias al documento de los obispos, hasta el punto que un Periódico nacional ha titulado en su editorial: “Los obispos, solos”.
Además me llama la atención que Blázquez salga diciendo que a ver si se rebaja la tensión, pero que ellos no se arrepienten de decir lo que han dicho. ¿Cómo se va a rebajar entonces la tensión? ¡Tendrían que retirar ese desdichado documento y pedir disculpas!
Es decir, provocan ellos una explosión de reacciones en cadena con el documento y cuando se les critica, dicen que es que la Iglesia es perseguida o que se les utiliza políticamente para la campaña electoral.
No es serio eso.
Incluso el Sr. Cañizares dice que todos los que les critiquen quedan descalificados. Debe dar por supuesto el Sr. Cardenal que su intervención en campaña electoral es “Palabra de Dios”, porque ha puesto a Dios como aval de sus posicionamientos políticos…Eso es el colmo de los despropósitos…
En fin, un verdadero sinsentido. Tenemos unos obispos que no nos merecemos. Quieren volver al nacional-catolicismo para conseguir privilegios y prebendas con un Gobierno que atienda todo lo que ellos quieren y por eso intentan influir en los católicos para que no voten a las izquierdas, sino a la Derecha.
Si nuestros obispos quieren seguir por ahí, allá ellos…
Desde luego se están enfrentando a más de media España (porque más de media España vota izquierdas) y no creo que deba ser esa la actitud de unos pastores que deben serlo para todos.
A ejemplo del Cardenal Tarancón, a quien muchos estamos echando de menos, pienso que debieran mantenerse neutrales en política, sin tomar partido por ninguna opción determinada. Y desde luego, si lo tuvieran claro, ya hubieran puesto orden en la Cadena COPE, de propiedad episcopal, para empezar a dar ejemplo desde ahí.
Y limitarse a cumplir con su función de pastores cuidando mucho el diálogo con todos, la tolerancia, el equilibrio, la ponderación….esas virtudes que, sobre todo ellos, debieran cumplir para hacer más creíble el mensaje de Jesucristo en el Mundo.
No estaría de más que los obispos tomaran nota de la interesante reflexión que hace el Group de Rectors del Dissabte donde entre otras cosas muy interesantes dicen:
“La centralidad de los últimos
Apoyamos las propuestas políticas que antepongan los ideales de justicia social y solidaridad; que propongan medidas que dignifiquen el trabajo y prioricen las necesidades de las personas excluidas y grupos socialmente empobrecidos; que favorezcan las medidas redistributivas a favor de los que tienen menos poder adquisitivo; que fomenten la igualdad en derechos y responsabilidades de las personas inmigrantes; y que potencien la lucha contra la pobreza mundial y la cooperación al desarrollo.”
Aunque en el punto 10 los obispos aluden, como de pasada, a ciertos aspectos sociales, no cabe duda que quedan en un lugar mucho más secundario que los aspectos prioritarios que ellos señalan al comienzo del documento y que son los que obligan a los cristianos a no votar a los partidos que los incluyan en sus programas electorales.
Pienso que los obispos deben jugar otro papel en nuestra Sociedad: más como moderadores, respetuosos y dialogantes con todos, sin entrar para nada en la lucha partidaria, que, no cabe duda, les enfrenta a millones de ciudadanos y cristianos que, con toda seguridad, votamos opciones de izquierda en este País.
Cádiz, 7 de Febrero de 2.008
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La Iglesia se presenta como víctima del anticlericalismo para legitimar su integrismo
22.01.08 @ 07:12:51.
La jerarquía de la Iglesia católica está propagando la idea de que el rechazo de la religión y el anticlericalismo se están extendiendo en España por acción del Gobierno. Es una idea falsa e interesada.El abandono de la moral católica ha sido un largo proceso en el que, más que los gobiernos, han pesado factores como el desarrollo económico o la penetración de los modos de vida seculares vigentes ya mucho antes en Europa.
También el hecho de que la historia de la Iglesia esté asociada en España con los episodios más oscurantistas del pasado, remoto e inmediato: desde la persecución de judíos, moriscos y conversos hasta el apoyo al franquismo, sin que la jerarquía haya tomado hasta hoy ninguna distancia. Confundir el desinterés social hacia la fe con el anticlericalismo es presentar como víctima a la Iglesia, para no reconocer la responsabilidad de una jerarquía incapaz de reflexionar sobre su mensaje para atraer y conservar nuevos fieles.
El trato recibido por la Iglesia en España no sólo no justifica las denuncias de persecución que regularmente repiten algunos obispos, sino que, antes por el contrario, constituye un motivo de reproche al Gobierno. El sistema de financiación pactado recientemente por el Estado ha renunciado al principio de que la Iglesia católica debe mantenerse por sí misma, consolidando un privilegio de discutible constitucionalidad y de imposible generalización a otras confesiones.
Por otra parte, las repetidas visitas de miembros del Ejecutivo al Vaticano durante esta legislatura han sido una deferencia discutible, que ha podido interpretarse como debilidad. Sobre todo cuando, al mismo tiempo que tenían lugar, una parte de la jerarquía española se enfrentaba con el Gobierno recurriendo a medios políticos, no pastorales. O cuando el propio Gobierno renunciaba a cumplir con algunas de sus promesas electorales, como la aprobación de una ley de plazos para el aborto o la eutanasia.
La insistencia en airear una persecución imaginaria no es inocente. Los obispos españoles que están detrás de esta estrategia pretenden disfrazar como legítima defensa de la fe católica lo que no es, en realidad, más que una meditada ofensiva, perpetrada desde su modo ultramontano de entender esta fe, respecto a las relaciones de la Iglesia con el Estado. El giro doctrinal que está introduciendo el papa Ratzinger ha dado a los prelados españoles un espaldarazo que, entre otras cosas, convierte en bizantina la discusión sobre si existen diferencias de posición entre ellos y la curia romana.
Ratzinger ha hecho saber que se propone la reconquista católica de los países del sur de Europa, entre ellos España. Dentro del marco de la libertad religiosa consagrada por la Constitución, está en su derecho. Fuera de ese marco, el proyecto de Ratzinger es una agresiva reformulación del integrismo, un órdago anacrónico y gratuito del que la Iglesia será la ejecutora, nunca la víctima.
Editorial de El Pais
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El Vaticano y la campaña electoral
José María Castillo, teólogo
Moceop
La Iglesia católica es una confesión religiosa y un Estado. Ambas cosas a la vez. Por tanto, el papa es, al mismo tiempo, un dirigente religioso y un jefe de Estado. Es verdad que el Estado de la Ciudad del Vaticano es territorialmente muy pequeño. Pero este Estado tan pequeño tiene una peculiaridad que no tiene ningún otro país del mundo.
El jefe del Estado Vaticano, en cuanto líder religioso, tiene unos mil millones de súbditos, es decir, tiene una determinada autoridad para mandar en todos los países del planeta. Sin olvidar que el poder del papa es un poder que toca donde ningún otro jefe de Estado puede tocar, en la intimidad de las conciencias. Desde este punto de vista, no es ningún disparate decir que, por ejemplo, en muchos ciudadanos españoles, el jefe del Estado del Vaticano manda más que el jefe del Estado español.
Y el papa sabe muy bien que eso es así. El 24 de junio de 2005, declaró Benedicto XVI que los asuntos relacionados con la ética “tienen su último fundamento en la religión”. Es decir, cuando se trata de problemas relacionados con las decisiones de conciencia, el último fundamento (para la toma de tales decisiones) está en lo que diga el papa. Lo cual es ambiguo,. Porque Benedicto XVI dijo esas palabras ante el presidente de la República Italiana, no en una ceremonia religiosa, sino en un acto estrictamente político, en el palacio del Quirinal, cuando el papa, hablando como jefe de Estado, explicaba públicamente su pensamiento sobre la “laicidad del Estado”.
Y lo peor de caso es que este pensamiento papal es, no sólo ambiguo, sino sobre todo peligroso. Porque los asunto de la moral y de la ética tocan directamente a muchos e importantes asuntos de la vida sobre los que un Estado de derecho tiene la obligación de legislar. Y entonces los ciudadanos, que tienen creencias católicas, se pueden (y se suelen) ver en la complicada disyuntiva de tener que decidir a quién le hacen caso: ¿a los obispos que representan al papa o al parlamento que representa al Estado? Pues bien, sabemos que los obispos suelen zanjar estas situaciones exigiendo al Estado que legisle, para todos los ciudadanos, de acuerdo con las exigencias morales que dicta el papa para los católicos. Así las cosas, cualquiera entiende que la concentración que organizaron los obispos el pasado 30 de diciembre, en la plaza de Colón de Madrid, fue un acto, no sólo religioso, sino también electoral. Y lo grave del asunto es que a mucha gente le parece lo más lógico del mundo el acto electoral de derechas que se organizó en Madrid el 30 de diciembre.
De la misma manera que, hace unos años, a millones de televidentes les pareció normal que Juan Pablo II le echara una reprimenda, con el dedo alzado, al ministro de cultura de Nicaragua, Ernesto Cardenal, que, ante todo el gobierno de la nación , aguantó de rodillas la regañina del Pontífice. ¿Ustedes se imaginan que, en una recepción oficial y ante las cámaras de la televisión en el aeropuerto de Barajas, el presidente Sarkozy pusiera de rodillas a un ministro de nuestro gobierno y, apuntándole con el dedo, le dijera amenazante que tiene que cambiar de conducta?
Las ingerencias del Vaticano en los asuntos internos de otros Estados han sido más frecuentes de lo que sospechamos. Sobre todo cuando se acercan acontecimientos importantes, como es el caso de un referendo o unas elecciones generales. Cuando yo era estudiante en Roma, los italianos veían como cosa normal que, en las campañas electorales, el Cardenal Vicario de la diócesis de Roma convocara a los superiores de frailes y monjas para darles severas instrucciones indicando a quién había que votar. El Vaticano y sus representantes actúan con cautela en estos casos. Pero lo hacen con eficacia. Puesto que, como he dicho, tocan donde no pueden tocar los poderes del Estado laico. En este sentido, el Vaticano juega con ventaja.
Y tiene una fuerza, que muchos no imaginan, para decantar el voto de muchas personas. Porque en España la conciencia “religiosa” es un refuerzo enorme para potenciar o modificar la conciencia “laica”. Además, en algunos casos (como ocurre en España), el Estado se ve presionado por el deber de respetar los acuerdos internacionales que ha suscrito con el Vaticano. Con lo cual la ventaja se acrecienta. Por eso, en España, los obispos no van a decir a quién se debe votar. Les bastará con decir que hay que votar “en conciencia”. Con eso tendrán fuerza para movilizar a más gente de la que quizá sospechamos.
Para evitar confusiones, ambigüedades y conflictos, que dañan a todos y antes que nadie a la misma Iglesia, creo que lo mejor sería que desparezca el Estado de la Ciudad del Vaticano con todo su montaje de relaciones diplomáticas de alta política. Si el papa representa a Jesucristo en la tierra, no resulta fácil imaginarse a Jesús de Nazaret revestido de los poderes y oropeles de los jefes de Estado.
Y mientras eso no llega (que no sé si llegará alguna vez), los gobiernos deberían poner todos los medios legales, que ofrece el Estado de derecho, para evitar las ingerencias de un Estado (el Vaticano) en los asuntos que conciernen a la organización política de otro Estado. Empezando, claro está, por acabar con los concordatos y acuerdos con la Santa Sede, que tantas veces suelen ser el coladero de ingerencias de la religión en la política.
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14/01/2008.El Plural.com
Es un acuerdo con un Estado que discrimina por razón de sexo, religión y opción sexual
¡Denunciad el concordato con la Santa Sede!
GUSTAVO VIDAL MANZANARES
Durante años habían intercambiado miradas de soslayo, dobles sentidos y sonrisas cómplices. Finalmente, para fingir constitucionalidad, firmaron, en enero de 1979, algo negociado en periodo preconstitucional: el concordato con la “Santa Sede”. Las partes negociadoras, Estado Vaticano y “asociación nacional de propagandistas católicos”, brindaron con moscatel mientras no podían disimular su euforia. “Buen trabajo”, susurraban entre sí.
Seamos serios… ¿Podríamos aceptar un tratado con Marruecos negociado entre Mohamed VI y la “asociación española de Imanes y propagandistas del Islám” que nos vinculara como nación? Pues algo similar sucedió, en aquellas fechas, entre España y la “santa sede”.
Al estilo del concordato franquista
Calcado del anterior concordato franquista de los años cincuenta, este tratado internacional con la Iglesia fue guisado, condimentado y servido desde el Vaticano. En ningún momento fue negociado por representantes legítimos de la soberanía popular española. Por ello, la iglesia navega plácidamente entre las cenagosas aguas de su articulado y nunca podrá modificarse con su acuerdo.
Cambio de circunstancias
Para evitar estas situaciones leoninas y de inmovilismo pétreo, el Derecho internacional se vale del principio rebus sic stantibus. Este latinajo alude a la denuncia unilateral de un tratado internacional debido al “cambio fundamental de las circunstancias”. Y esto es algo que ni los más fanáticos pueden negar. La sociedad española de los años setenta en poco se asemeja a la actual. La nación española no puede permanecer vinculada al Estado Vaticano en virtud de un tratado obsoleto. El concordato, ante todo, es un contrato y todos los contratos, con el tiempo, se revisan y se extinguen. El inexorable transcurso de los años genera nuevas situaciones y modifica las anteriores.
La mujer, marginada
No olvidemos que hablamos de un tratado internacional suscrito con un Estado en donde no existe la democracia y se margina a las mujeres de los órganos de gobierno así como a los miembros de otras confesiones religiosas. Un Estado que no elige a sus representantes por procedimientos democráticos y que discrimina a sus ciudadanos por razón de sexo, religión y opción sexual. Y resulta preferible no extenderse en otras lamentables posiciones que ocasionan graves daños a la humanidad como la mantenida respecto al SIDA y los preservativos.
Inconstitucionalidad
Por otra parte, la aplicación del concordato resulta inconstitucional en no pocos casos. Pensemos en el art 16 (derecho a no tener que declarar el credo ni ideología religiosa) ni ser discriminados por esos motivos (art. 14). Y qué decir de la auténtica crónica de la infamia que padecen los profesores de religión que son despojados de su medio de vida por su estado civil, sus amistades o “por cualquier otra condición personal o social”. A su vez, estos profesores de religión son contratados por los obispos sin que exista ninguna prueba que respete los principios constitucionales de mérito y capacidad (art 103,1 CE), despedidos injustamente en múltiples casos y con la indemnización, eso sí, a cargo de los contribuyentes.
Incompatible con la España actual
Esta situación, evidentemente, es impresentable en un Estado democrático como la España actual. Por otra parte, nuestra Constitución en su artículo 95 establece: “la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional”. De manera que no nos queda más camino que reformar la Constitución Española en aquellos artículos que colisionen con el concordato (arts. 14, 16, 103,1…) o proceder a la denuncia de ese convenio.
Democracia frente a teocracia
Por higiene democrática, este gobierno debe afrontar, tras el 9-M, la denuncia del concordato. Con arrojo, sin complejos, investido de la legitimidad que brota de las urnas. Por supuesto que la iglesia romana se retorcerá y propinará sus habituales golpes bajos. Será un proceso duro y difícil. Pero no hay que responderles de la misma manera. En el trato de los Estados democráticos con los que no lo son, no caben atajos. Sólo vale la firmeza y la legalidad de la democracia frente a la “teocracia” (ya sea mirando a Roma o la Meca).
Por ello, tras el 9-M… ¡denunciad el concordato con la “Santa Sede”!
Gustavo Vidal Manzanares es jurista y escritor
gvidalmanzanares@gmail.com
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MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES
Nota de Prensa
El acto sobre la familia cristiana convocado por el arzobispo de Madrid el 30 de diciembre de 2007, no es un acto que apoya la Iglesia Católica Española, ni siquiera “la” jerarquía de la Iglesia, sino sólo tres cardenales y algunos obispos. Se ha aireado demasiado este acontecimiento, se le han dedicado demasiados espacios en TV, demasiadas páginas en los periódicos. Ha habido múltiples comunicados de diversas instituciones y colectivos. Demasiada tinta para un asunto de tan poca importancia.
No es el tema de la familia, inclusive en todas sus vertientes, el problema básico y fundamental que preocupa hoy a la sociedad ni a la iglesia. Hay otros temas más álgidos como el cambio climático, el tratado europeo de Lisboa, la inmigración, la deteriorada economía, la subida de precios, la precariedad laboral, el paro, la falta de vivienda para los jóvenes, etc. y los 8 millones de pobres que apenas viven con dos euros al día en España.
Resulta chocante que se metan los cardenales con el retroceso de los derechos humanos en este país, cuando el Estado Vaticano no ha firmado ni siquiera la Declaración universal de 1948, como todos los Estados que pertenecen a Naciones Unidas. O con el peligro que corre aquí la Democracia, cuando ellos no saben practicarla.
Se podrían esclarecer un poco las cosas si hubiera una nítida separación de Iglesia y Estado. La Iglesia siempre al lado del poder. El poder político sigue teniendo miedo a la iglesia. Estado e Iglesia más o menos dependientes del sistema económico capitalista. Si la Iglesia se ocupara y preocupara de extender el mensaje evangélico y no de meterse en política., otro gallo nos cantaría Y si el Estado fuera de verdad a-confesional y por tanto, laico, no privilegiaría de manera tan descarada a la confesión católica, discriminando a las demás, como hace cuando permite la enseñanza de la religión católica en la escuela pública, cuando paga con dinero público a los profesores de religión católica, nombrados por los obispos, cuando tiene sacerdotes castrenses en sus ejércitos, cuando no denuncia los acuerdos de Estado y Santa Sede de 1979, cuando colabora económicamente con su financiación, etc. Entonces, serían más coherentes con sus propios objetivos el uno y el otro, y los ciudadanos y ciudadanas sabríamos a qué atenernos.
Por último, quiero decir que nuestro colectivo se llama CRISTIANOS POR EL SOCIALISMO, que no tenemos nada que ver con “Cristianos socialistas” o Cristianos en el socialismo, del PSOE.
José María García-Mauriño
Cristianos por el Socialismo
7 de enero de 2008
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