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13 ENTIDADES DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA SE OPONEN AL PROYECTO DE LEY DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL
Este proyecto restringe el derecho de los menores tutelados a que su situación sea supervisada por los juzgados de familia transcurridos dos años desde su tutela.
Tras el paso por el Congreso, la modificación legislativa se encuentra en la actualidad en el Senado. Ésta pretende establecer unos plazos para situaciones ajenas a la adopción, en concreto para las situaciones de desamparo, a fin de que los padres biológicos sólo puedan ejercitar sus derechos durante los mismos, modificando para ello el artículo 172 del Código Civil que no establece plazo. En concreto, dos meses para mostrarse contrarios a la modalidad del acogimiento adoptada por la Administración tras declarar el desamparo del menor y dos años para recuperar a los hijos, por cambio de las circunstancias que motivaron la declaración del desamparo.
Las entidades firmantes nos oponemos a dicha modificación pues los menores:
- Se verían privados de que los padres pudieran proponer soluciones menos traumáticas para los hijos, como instar el cambio de modalidad del menor desamparado de internamiento residencial a familiar, porque apareciera algún familiar dispuesto a asumirlo, una vez pasados los dos meses.
- A los dos años del desamparo los padres no podrían acudir a un juzgado para recuperar a sus hijos, ni los menores solicitar el regreso con sus progenitores, aun cuando estos hubieran superado las causas que determinaron la separación, si la Administración no lo considerase así. El Juez no podrá resolver, sino que dependerá en exclusiva del criterio de la Administración.
A su vez los progenitores que pueden estar incursos en enfermedades como la drogodependencia, trastorno transitorios, o en situación de privación de libertad (a partir de los 3 años los menores no pueden estar en prisión), pierden su derecho a solicitar judicialmente el ejercer como padres. En este sentido, es importante visibilizar que el 70% de las personas presas cumplen condenas de más de dos años de prisión, lo que determinaría que más de 50.000 padres y madres se vean privados no sólo de recuperar a sus hijos, sino del mero derecho de plantear a un Juzgado sus peticiones. El 8% de la población penitenciaria es mujer, y un 85% son madres. Así pues esta reforma de continuar podría provocar que mayor número de menores de tres años ingresaran en prisión a fin de impedir que pasen los dos años de separación.
Con estas modificaciones, se pretende evitar el control judicial y la declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración ante defectuosos funcionamientos. Sin embargo ¿renunciamos a la posibilidad de cambio y mejora de las situaciones de las familias biológicas? ¿los pobres son irrecuperables? La condena a la Junta de Andalucía a indemnizar a una madre a un millón cuatrocientos mil euros por el largo y tortuoso calvario que pasó durante 10 años, durante los cuales fueron ignorados y pisoteados sus derechos, a raíz de la retirada de sus hijos de entonces 4 y 5 años, debido al alcoholismo que padecía, parece ser el origen de esta modificación.
El Gobierno en lugar de hacer asumir sus responsabilidades a la Administración, buscando las causas de su desgraciada intervención -comunes en demasiados casos a otros- ha preferido ir por la vía cómoda de machacar los derechos de los padres y de los hijos, otorgando a la propia Administración, como si de una diosa omnipotente fuera, la decisión final a partir de los dos meses y dos años anteriormente citados para valorar las peticiones de los padres. Decisión que no podría ser recurrida ante los órganos jurisdiccionales, rompiéndose la separación de poderes que rige en nuestro estado de derecho entre poder ejecutivo y judicial, a favor de aquél, cuando justamente lo más adecuado sería lo opuesto, que cada retirada decretada por la Administración viniera respaldada y garantizada por el control judicial. Por todo ello, hemos presentado una solicitud a los partidos políticos para que enmienden dicha modificación.
Firman
ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCIA
COORDINADORA DE BARRIOS
ASOCIACION APOYO
MADRES CONTRA LA DROGA
ASOCIACION COLECTIVO ALUCINOS-LA SALLE
ASOCIACION FANTID
FUNDACION RAICES
FEDERACION ENLACE
ASOCIACION LA TAVAYA
PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO
ASOCIACION TRAPEROS DE EMAUS
ACOPE (Asociación de Colaboradoras con las Mujeres Presas).
UNAD (Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente).
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MANIFIESTO POR EL RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS/AS MENORES EXTRANJEROS/AS NO ACOMPAÑADOS/AS-
Menores antes que inmigrantes
Las entidades sociales abajo firmantes, vinculadas con el trabajo educativo, legal y social con los/as menores no acompañados/as, manifiestan su profunda inquietud por las últimas declaraciones sobre las repatriaciones masivas a Marruecos de menores no acompañados/as que se pretenden llevar a cabo desde el territorio español y llaman a la garantía de los derechos fundamentales de estos/as menores
El pasado lunes, se reunieron una vez más los gobiernos de España y Marruecos, y de nuevo, volvieron a llegar a supuestos acuerdos en beneficio de los/as menores marroquíes que se juegan la vida tras el sueño de una vida mejor.
Desde nuestras organizaciones, lamentamos que de nuevo los gobiernos hablen de “reforzar los operativos de vigilancia” tipo FRONTEX, en lugar de reforzar un sistema de protección de la Infancia en Marruecos, a todas luces deficiente, cuando no inexistente;
Lamentamos igualmente que los gobiernos hablen de “mejorar las medidas preventivas” para interceptar las pateras y cayucos desde las costas marroquíes, cuando deberían primero de hablar de mejorar las medidas preventivas para que la infancia marroquí no se vea abocada a la desesperanza y confíe en un proyecto de vida en su país;
Y sentimos, sobre todo, que cuando hablan de los/as menores marroquíes no acompañados/as, lo hacen bajo su condición de inmigrantes en lugar de anteponer su condición de menores, tal como marca la ley.
En consecuencia, recordamos a las autoridades públicas sus responsabilidades respecto a la acogida de esos niños con necesidad de protección y la ilicitud de cualquier intento de sortear la legislación nacional e internacional en cuanto al respeto de los derechos fundamentales de esos menores.
Previa a la reunión hispano-marroquí se han sucedido en los diferentes medios de comunicación declaraciones desde diversos estamentos políticos, a las cuales nuestras organizaciones quieren responder lo siguiente:
• CC y PP, han manifestado que los MENA deben ser “tratados como extranjeros irregulares y que no se les aplique únicamente la Ley del Menor”. Ante estas irresponsables declaraciones tenemos que recordar que un/a menor no acompañado/a es un/a menor desamparado/a y en ningún caso un inmigrante irregular. La Ley que le corresponde es la Ley del Menor, no la Ley de Extranjería, y el derecho de España a regular sus flujos migratorios no puede nunca anteponerse a los derechos fundamentales del niño y a su interés superior. En este sentido, el/la menor no acompañado/a es un sujeto de derechos y de especial protección en virtud de las normas internacionales (Convención sobre los Derechos del Niño) y de la Ley española. En consecuencia, el Estado español no puede, sin violar sus obligaciones nacionales e internacionales, proceder a la repatriación o a la reagrupación familiar de estos niños sin las garantías previstas por las normas vigentes.
• Desde la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía hablan de colapso del sistema de protección causado por la "avalancha" de menores extranjeros /as en nuestras costas, cuando según datos de la propia administración durante el presente año hay una reducción del 12% en las llegadas . Además, debemos aclarar que, en todo caso, se podría haber visto saturada la primera acogida de manera puntual, pero nunca el sistema de protección en su conjunto, por lo que creemos urgente un estudio detallado del mapa de recursos del sistema de protección.
• Desde la Consejería afirman que la mayoría de los/as MENA no reúne "el perfil fijado por la legalidad española para considerarlos en situación de desamparo". En este sentido, debemos recordar a la Consejería, que todo/a menor de edad que se encuentre en el territorio español sin la presencia de un adulto responsable que responda a sus necesidades materiales y afectivas de manera habitual es un/a menor no acompañado/a que debe ser declarado/a en desamparo, y, por lo tanto, acogido/a y protegido/a por el Estado español, por medio de los servicios de protección a la Infancia de las Comunidades Autónomas, sin ningún tipo de discriminación por su situación administrativa o de su nacionalidad.
• Desde las diferentes administraciones se ha planteado que el gran número de menores, la falta de infraestructuras para atenderlos y el gasto que supone mantener dicha situación, hacen necesaria la reagrupación de los mismos. Ante este análisis puramente económico debemos recordar y EXIGIR que nunca motivos económicos pueden ser los que promuevan las reagrupaciones, sino que tan solo “el interés superior del menor” y el escrupuloso cumplimiento de la legislación nacional e internacional pueden ser los criterios para proceder a dichas reagrupaciones. Así mismo, consideramos de justicia, que tanto el Gobierno Central como la propia UE apoyen económicamente a las Comunidades Autónomas en la atención de los MENAs.
• Desde el Gobierno Central y desde varias Comunidades se ha presentado la construcción de Centros en Marruecos como la línea prioritaria, acompañada del control en la frontera. Ante esta postura solo podemos mostrar nuestro mayor rechazo a toda medida que suponga la externalización del sistema de protección español, y pedimos a las Administraciones que utilicen el presupuesto de dichos centros residenciales para impulsar un sistema de protección social Marroquí que de atención a la totalidad de la infancia y no sólo a los que han dado el paso de emigrar.
Hasta ahora, es de recibo señalar que en Andalucía se ha respetado el principio de protección de todos los/as MENAs que han llegado a tierras andaluzas, realizando un buen trabajo en líneas generales, por lo que creemos que sería un GRAVE ERROR POR PARTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DEJAR DE CAMINAR EN ESTA DIRECCIÓN.
Con todo ello, reafirmamos:
- Nuestra preocupación por la creación de un discurso de alarma social por parte de algunos medios de comunicación, alentados por desafortunadas declaraciones de partidos políticos y de las administraciones autonómica y estatal que, tal como lo ha puesto de relieve el Defensor del Pueblo Andaluz, nos parece innecesaria y exagerada.
- Nuestra inquietud ante las declaraciones de las autoridades públicas que priorizan la condición de candidato a la inmigración irregular sobre la condición de MENA sujeto de derechos y de protección, e incluso lanzan mensajes que contradicen al propio marco jurídico de protección vigente;
- La necesidad de un estudio individualizado de la realidad de cada uno de los menores y su situación familiar, ya que el concepto de “niños solos” no tiene ningún fundamento jurídico.
- Nuestra denuncia contundente de esta clasificación ilegitima que distingue entre los /as “verdaderos”/as menores no acompañados/as -realmente desprotegidos/as y merecedores de la protección del Estado- y los/as “falsos/as” MENA, que proceden de una familia de “clase alta-media” y que sólo pretenden defraudar y aprovecharse ilegítimamente de los servicios de protección a la Infancia españoles. Del mismo modo, exigimos que se determine con claridad de cuantos menores hablamos que se encuentran en esta situación, ya que no se pueden utilizar este tipo de generalizaciones distantes de la realidad para argumentar repatriaciones masivas.
- Nuestra convicción de que este tipo de declaraciones no propician la integración de los/as menores extranjeros/as en nuestra sociedad, sino que, además de trivializar el periplo migratorio de estos/as niños/as, que arriesgan (cada vez más jóvenes) su vida para encontrar un mejor porvenir en nuestro país, sólo transmite a la opinión pública un mensaje de rechazo y de recelo hacia los MENA.
- Nuestro contundente rechazo a cualquier tipo de repatriación no voluntaria, que vulnera los derechos humanos y el interés superior de los/as menores no acompañados/as, más aún si es colectiva e indiscriminada como pretende la Junta de Andalucía, sin ni siquiera considerar otras vías para la integración de esas personas que llegan a nuestras costas en búsqueda de un mejor porvenir.
- Que el derecho del niño a ser oído debe ser un elemento clave en la apreciación y adopción de cualquier decisión que le afecte, como lo es obviamente una repatriación, señalando los fracasos y las graves vulneraciones de derechos ocasionados por este tipo de decisiones arbitrarias que se tomaron en otras Comunidades (Madrid, Cataluña).
- Que la protección de los/as menores por parte de las administraciones competentes, garantes de su seguridad, debe hacerse al mismo nivel que si fueran nacionales, sin ningún tipo de discriminación, cumpliendo así los deberes derivados de la legislación vigente que les incumben.
- Que sólo un retorno consensuado con el/la menor, su familia y los servicios sociales in situ, combinado con alternativas reales de inserción en su lugar de origen, garantizan una verdadera protección y seguridad del menor en desamparo.
- Que, por lo tanto, nos oponemos a la construcción de centros en Marruecos para MENAs retornados desde España, ya que además de no responder a la propia voluntad del menor, o del Estado marroquí, podemos legítimamente dudar de la eficacia y de la viabilidad de tal proyecto que no responde al interés superior del menor sino a una lógica de control de los flujos migratorios.
Por todo lo expuesto, exigimos del gobierno andaluz y central:
1. Que asuman sus responsabilidades respecto a la acogida de esos/as menores en necesidad de protección, según lo que dicta la Ley y el respeto de los derechos humanos, ya que esa es y no otra la base legal actual.
2. Una real igualdad de trato entre los menores nacionales y extranjeros tutelados por el Estado español, un real respeto del interés superior del menor así como un real respeto de sus derechos fundamentales, entre los cuales:
-el derecho a opinar por cualquier decisión que le afecte y a que su opinión conste en acta
-el derecho a tener una asistencia letrada y un derecho de respuesta equitativo
3. Así mismo, exigimos al gobierno marroquí que tome las medidas oportunas para que su infancia pueda tener un futuro esperanzador en su propio país.
4. Y a la UE que apoye económicamente para la atención de los/as menores en territorio español y para ejecutar programas de promoción y prevención en los países emisores de inmigración infantil;
Desde nuestras organizaciones, seguiremos estando muy pendientes de los procedimientos de protección y eventual retorno de esos menores no acompañados para controlar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.
Mientras haya diferencias entre ricos y pobres
y haya oportunidades en una parte del mundo que no existen en otras,
la gente va a moverse.
Primeras entidades firmantes: Federación Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, SOS Racismo, Intercultura, PRODEIN y Apoyo.
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