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Normativa de la UE sobre Inmigración
La Unión Europea quiere establecer una normativa común sobre inmigración. Reconocemos que una normativa común es necesaria y que esta propuesta suaviza la agresividad de otras normas actualmente vigentes en algunos países miembros. Sin embargo denunciamos que esta normativa contradice los derechos humanos de los inmigrantes, especialmente en lo que respecta a los Centros de Internamiento, al tratamiento de los menores y a la expulsión de los inmigrantes “sin papeles”.
Durante muchos años los inmigrantes “sin papeles” han contribuido al desarrollo de la industria, la agricultura y los servicios de diversas naciones de la unión Europea, y han contribuido con los impuesto indirectos. Ahora, cuando se avecina la crisis económica, se cae en la cuenta de su presencia ilegal. ¿Es que millones de seres humanos resultaban invisibles para los ejecutores de las leyes?
Las empresas y los erarios públicos se han beneficiado del trabajo de los inmigrantes “sin papeles”. No se les expulsaba porque se sabía que eran necesarios para el boom de la construcción, para recoger las cosechas o para suplir a las madres trabajadoras. Ahora ya no son necesarios y se les expulsa.
Eran trabajadores de usar y tirar; así, sin más complicaciones. No son personas, no tienen derechos humanos, eran instrumentos de producción. Esa es la cultura actual de la Unión Europea. La tradición de derechos humanos cede ante la dinámica neocapitalista.
Nosotros, como Cristianos por el Socialismo, comprometidos con la justicia social, expresamos nuestro más enérgico rechazo y denunciamos este atentado contra el Estado de Derecho. Comprendemos que no se puede suprimir de un plumazo el hambre, el sida o el analfabetismo. Pero denunciamos el fracaso de las Naciones Unidas ante la multiplicación del hambre en el mundo, y de la Unión Europea ante la inmigración.
Comprendemos que una nación no puede afrontar en solitario la situación de los inmigrantes. Por eso precisamente creemos necesaria la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas. Porque juntas si pueden resolver el hambre, el sida, el analfabetismo y la inmigración. Sobran recursos alimentarios, sobran tierras no cultivadas, faltan industrias en países subdesarrollados. Si no se desarrollan no es porque no sean necesarias y viables, sino porque podrían independizarse de nuestros mercados o porque no resultarían rentables según los beneficios que exige nuestro sistema capitalista.
¿Por qué han fracasado la Unión Europea y las Naciones Unidas? Porque las políticas no responden a la lógica de los grandes principios que proclaman sino a las conveniencias del capital financiero.
Así como estamos destruyendo el planeta, estamos destruyendo también la dignidad humana, fundamento de la justicia y del derecho. Los intereses económicos a corto plazo se imponen sobre la justicia y la sensatez.
Queremos suscitar en los pueblos europeos una reivindicación de los derechos humanos. Si hoy se recortan los derechos de los inmigrantes, mañana se recortarán los de un pueblo o los de sector de la sociedad.
Queremos suscitar en todos los cristianos su sentido de hermandad, como hijos de un solo Dios y Padre común, y como discípulos de Jesús que se identificó con los marginados: “era peregrino y me acogisteis”.
Llamamos a cristianos y no cristianos a manifestar nuestra solidaridad con los inmigrantes y a exigir a nuestros gobernantes que no cedan ante los intereses financieros, que respeten los fundamentos de justicia que cohesionan a toda sociedad.
Gonzalo Haya Prats
Cristianos por el Socialismo
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36 MUERTOS EN AL-HOCEIMA.-
Comunicado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
8 de mayo 2008
Una vez más los testimonios de los supervivientes dan cuenta de cómo en la lucha contra la inmigración llamada clandestina en Marruecos todos los medios parecen justificados. La madrugada del pasado 28 de abril una lancha neumática partió de la zona de Alhucemas con 70 inmigrantes a bordo camino a España. Interceptados por la Marina Marroquí, la forma de detenerlos fue pinchar la lancha. Posiblemente el número real de muertos nunca se llegue a saber, pero son más de la treintena, entre ellos al menos cuatro niños y dos mujeres.
La expulsión de todos los supervivientes de forma inmediata a la frontera con Argelia, procedimiento cotidiano de los militares y cuerpos civiles de seguridad marroquíes, constituye en sí un atropello más a los inmigrantes, pues son abandonados allí desprovistos de todo, encontrándose entre dos fuegos, los de las fuerzas marroquíes que les amenazan para que se adentren en Argelia, y los de las fuerzas argelinas que les impiden la entrada (esta frontera está oficialmente cerrada desde 1995). Los inmigrantes se encuentran muchas veces entre dos fuegos cruzados, viviendo el terror y sin saber a donde ir.
La falta total de respeto a la vida humana que constata esta nueva acción represiva contra PERSONAS en migración, condenadas a una sedentarización aleatoria y cruel en un país que vulnera cada día sus derechos fundamentales en nombre de la protección de las fronteras europeas, provoca nuestra más profunda indignación y repulsa.
Queremos manifestar nuestra solidaridad con las víctimas de este hecho aberrante y sus familias, así como señalar responsabilidades:
· Sobre las fuerzas militares marroquíes recae la responsabilidad directa de este acto delictivo. De la brutalidad e impunidad en la represión de los cuerpos de seguridad marroquíes, militares y civiles, dan fe innumerables testimonios de inmigrantes en tránsito en Marruecos.
· El Gobierno Español, al poner en primer plano el control de la inmigración llamada clandestina al precio que sea, subcontrata la represión con países vecinos a quienes chantajea con la cooperación al desarrollo, es también responsable de hechos como éste que son consecuencia de las políticas desarrolladas.
· La Unión Europea tiene así mismo el mismo nivel de responsabilidad que Marruecos en tanta muerte provocada, aunque sea de un modo indirecto, pues con su política de externalización de fronteras subcontrata la represión a los inmigrantes con los países fronterizos como Marruecos, sin importarle los medios ni condicionar la cuantiosa donación económica para el control de fronteras que éstos perciben a ningún acuerdo sobre respeto a los derechos humanos.
Este ignominioso hecho no debe quedar impune. Por ello exigimos al Gobierno de España que solicite mediante los mecanismos pertinentes una investigación sobre la actuación de la Marina de Marruecos. El no pronunciamiento del Gobierno Español sobre este grave asunto no podríamos entenderlo más que como dejación y consentimiento.
Que se investigue la muerte de migrantes en la frontera sur europea.
Organizaciones reunidas con ocasión del Comité Internacional del III Foro Social Mundial de las Migraciones. Rivas Vaciamadrid 13 de mayo de 2008
Los testimonios de los supervivientes y de diversas organizaciones sociales marroquíes confirman que en la noche del 28 al 29 de abril una embarcación en la que más de setenta personas intentaban llegar a las costas españolas fue embestida por fuerzas de seguridad marroquíes. Al menos 36 personas murieron ahogadas, entre ellas varios bebés. Pocos meses atrás, llegaba la denuncia sobre la muerte de un ciudadano senegalés después de ser arrojado al mar por la guardia civil española.
En el marco de la reunión del Comité Internacional del III Foro Social Mundial de las Migraciones, a celebrarse en Rivas Vaciamadrid en septiembre de 2008, las organizaciones firmantes expresamos nuestro más rotundo e indignado rechazo a este tipo de actuaciones de las autoridades de cualquier país. Ningún intento de entrada a territorio europeo puede justificar que se ponga en riesgo la vida.
Los gobiernos europeos, entre ellos y de manera destacada el español, tienen acuerdos de cooperación con Marruecos en política migratoria, y en esa medida son todos, gobiernos europeos y africanos, responsables de exigir y hacer cumplir el más escrupuloso respeto por los derechos humanos de los migrantes, cuyo único “delito” es buscar una vida más digna de la que el sistema económico global les permite tener en sus lugares de origen. Exigimos por tanto a los gobiernos español y marroquí que se realice una investigación exhaustiva de los hechos denunciados, que se depuren las responsabilidades a que hubiera lugar, y que se tomen las medidas necesarias para que este tipo de hechos nunca vuelvan a ocurrir.
Los gobiernos de los países de la Unión Europea, de manera hipócrita e incoherente con los valores democráticos que dicen defender, han “subcontratado” el control de fronteras con países en los que se vulneran los derechos humanos. Abandonan así, cada vez más, los valores que pueblan sus Constituciones. Unos gobiernos que basan sus políticas migratorias en medidas como el alargamiento del periodo de internamiento de los inmigrantes en situación irregular, que no han cometido ningún delito y pueden estar encerrados, si se aprueba la directiva europea que así lo propone, hasta 18 meses. Mientras, las causas de las migraciones permanecen sin que la Unión Europea asuma su responsabilidad. Se siguen aplicando políticas económicas que destruyen las estructuras económicas y sociales de los países de origen y que obligan a sus poblaciones a emigrar como única opción de una vida digna.
Organizaciones que firman este comunicado:
Grito dos Excluidos (de América Latina y el Caribe); Serviço Pastoral dos Migrantes de Brasil; Association Internationale Scalabriniénne au Service des Migrants (AISSMI); Plan Migración, comunicación y desarrollo. ALER-Red Con Voz; Círculo de Tunecinos de Marsella y Carta Mundial de los Migrantes; Migrant Forum in Asia; Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC); Reseau Africain Sur L’Etude des Migrations (RAEM), de Senegal; Migreurop; Palestinian Nacional Council; Red Internacional de Migración y Desarrollo; Groupe Antiraciste d’accompagnement et de Défense des Étrangers et Migrants (GADEM), de Marruecos; Centre d’Etudes Pour l’Action Sociale (CEPAS), República Democrática del Congo; Plataforma Interamericana de derechos humanos, democracia y desarrollo; Migración, Refugio y Desplazamiento (MIREDES); AFESIP; Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR); Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA); Andalucía Acoge; Fundación Sur; IEPALA; FEDELATINA; Asociación Rumiñahui; Attac; USO; Red Europea Contra el Racismo-España (ENAR); Federación de Mujeres Progresistas; Asociación de Chilenos en España (ACHES); Liberación-Amauta (Acción en Red); Conadee; Coordinadora de Inmigrantes de Málaga; Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres Para la Abolición de la Prostitución; AFESIP; Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes en España (FERINE); Fundación CEAR; Sentido Sur; Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
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INFORMACIÓN DE FEDERACIÓN CASA ARGENTINA BALEAR
CAMBIO EN LEY DE EXTRANJERIA
IMPORTANTE MODIFICACION EN CUANTO A LAS POSIBILIDADES DE TRABAJO POR
CUENTA AJENA DE LOS INMIGRANTES.
Con fecha 17 de Marzo de 2008, se ha publicado en el Boe. Numero 66 la
Orden Tas 711/2008 por la que se modifica la Orden TAS 3698/2006 de 22
de Noviembre, Y se regula la inscripción de trabajadores extranjeros
no comunitarios en los Servicios Públicos de Empleo y en las Agencias
de Colocación. Además la referida orden autoriza en los diversos casos
que a continuación se mencionaran, a obtener la autorización de
trabajo por cuenta ajena, a aquellos que solo tenían autorización de
residencia, o estancia.
Tal normativa implica que podrán inscribirse como demandantes de empleo:
1) Los titulares de tarjetas de autorización de residencia permanente
caducadas, siempre que las mismas hayan sido presentadas para su
renovación, bien 60 días antes de su caducidad o dentro de los tres
meses posteriores a la misma, con el respectivo resguardo que lo
acredite.
2) Los titulares de tarjetas de autorización de residencia temporal,
que lleven al menos un año de residencia legal, aunque no tengan
autorización de trabajo otorgada.
3) Asimismo los extranjeros en la situación descripta, en 2), podrán
acceder a la obtención de autorización de trabajo por cuenta ajena,
conforme la legislación vigente.
4) Los extranjeros titulares de autorización de residencia temporal
por haber sido reagrupados AUNQUE LLEVEN MENOS DE UN AÑO DE RESIDENCIA
LEGAL.
5) Así también los referidos en 4) podrán acceder a la situación de
autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, obviamente
conforme la legislación vigente, con un contrato de trabajo, sin tener
que regresar al país de origen.
6) Los extranjeros titulares de una autorización de residencia
temporal por circunstancias excepcionales, por razones humanitarias,
por colaboración con las autoridades administrativas, policiales,
fiscales etc.
7) De igual forma los extranjeros relacionados en 6) podrán obtener
autorización de trabajo por cuenta ajena, conforme se viene indicando
en párrafos anteriores.
8) Los extranjeros en situación de ESTANCIA O DE RESIDENCIA, que
posean certificación expedida para tal fin por las oficinas de
extranjeros.
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INFORME DERECHOS HUMANOS EN LA FRONTERA SUR.-
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Ver Informe completo en www.apdha.org
El informe que anualmente hacemos la APDHA acerca de los “Derechos Humanos en la Frontera Sur”, se ha convertido modestamente en un trabajo de referencia para muchos medios y analistas y para muchas organizaciones sociales interesadas en la cuestión migratoria
Este informe, editado en francés y español, se realiza mediante un equipo de trabajo que efectúa un seguimiento de las vulneraciones de derechos humanos que se producen en las fronteras, en especial en relación a las rutas migratorias que desde la Frontera Sur se dirigen hacia España. El informe se elaboró recogiendo datos a través de los medios de comunicación, estadísticas proporcionadas por el gobierno, informaciones proporcionadas por organizaciones amigas de Marruecos, de África y de Canarias e investigación propia realizada por misiones de la APDHA sobre el terreno.
El informe que presentamos este año referido al 2007 pone de manifiesto que las principales tendencias que señalábamos en el Informe 2006, no se han modificado sustancialmente. Si acaso se han continuado profundizando algunos de los aspectos más problemáticos de las políticas migratorias desarrolladas por nuestro país.
Según los datos del « Balance de la lucha contra la inmigración irregular 2007 » presentado por el Ministerio del Interior, el Estado español repatrió a 55.938 inmigrantes en situación irregular a lo largo de 2007, lo que representaría una cifra 6% más elevada que la de 2006, frente a una menor llegada de inmigrantes por medio de embarcaciones, 18.057 lo que significa un descenso frente a 2006 del 53,9%.
Lo cierto es que los datos de detenciones son superiores si nos referimos a las personas detenidas en las propias costas africanas, que han superado las 12.000
Si tomamos en cuenta estos datos, el descenso de personas detenidas en embarcaciones apenas ha superado el 30% (ver datos cuadro página 25 del informe)
En todo caso, se trata de unos datos presentados de forma “triunfalista” por el gobierno, para mostrar en año electoral la eficacia de su política de “regulación de los flujos migratorios”, de forma que la inmigración sea “cada vez más ordenada”. Pero, con este enfoque lo que se consigue es orientar el debate migratorio hacia una problemática de orden público, presentando a los migrantes como un problema de seguridad, de desbordamiento de las fronteras españolas y por ende europeas.
En realidad es este enfoque poco consecuente el que ha permitido al PP situar el debate migratorio con una falta absoluta de escrúpulos en el centro de la campaña electoral, con propuestas verdaderamente intolerables.
Es este enfoque el que legitima la criminalización de la figura del migrante, clave para justificar mayores medidas de control de las fronteras y para justificar el recorte de sus derechos fundamentales
Es este enfoque el que alienta el imaginario colectivo de “invasión” y permite el surgimiento de recelos, de rechazo cuando no directamente de racismo y de xenofobia.
Pero este triunfalismo, olvida, las cifras insoportables de las vidas que han quedado en el camino de esta supuesta “inmigración cada vez más ordenada”.
En este informe, la APDHA hemos logrado evaluar de forma contrastada que 921 personas han perdido la vida durante el año 2007 en su aventura migratoria hacia España. Pero no es nada exagerado estimar en al menos 3.500 los seres humanos que se han dejado la vida como resultado de políticas de control de fronteras cada vez más represivas y crueles (Ver datos en la página 33 del Informe)
De las víctimas documentadas 629 son personas de origen subsahariano, 287 magrebíes y 5 asiáticas. Las muertes y desapariciones han sido 189 en las costas españolas y el resto, 732 en las costas africanas (Magreb y África occidental)
Y no contabilizamos aquí, porque resulta prácticamente imposible, a las víctimas que cayeron en la ruta que atraviesa el Sahel y se dirige hacia Argelia o Libia. Algunos altos cargos del Ministerio del Interior han llegado a admitir que el desierto del Sáhara se ha convertido en una inmensa tumba de arena.
Es cierto que, hasta donde nosotros, la APDHA, hemos podido documentar, ha descendido el número de personas que han perdido la vida con respecto al año 2006. Pero eso nos consuela poco. Se trata de una cifra que ninguna sociedad democrática debiera de poder soportar.
Y que continúa:
Porque sólo en los dos primeros meses de 2008 ya han perdido la vida 89 personas (6 en las costas canarias, 13 en las gaditanas, 1 persona en Ceuta, otra en Argelia y 68 en las costas del Sahara y de Marruecos), frente a las doce en el mismo período de 2007.
Han llegado a las costas españolas en estos dos primeros meses de 2008, 2.096 inmigrantes (624 en la costa andaluza, 43 a Baleares, 113 a Murcia y 1.316 a las costas canarias), una cifra que estimamos similar a la del año pasado.
Creemos, como por desgracia estamos empezando a comprobar en estos datos de los dos primeros meses del año, que no sería descartable una reactivación de la emigración clandestina hacia las costas andaluzas, vistas las travesías más largas y dificultosas de otras rutas, por el despliegue del Frontex incluso en las costas de los países de origen, o por el renovado flujo migratorio procedente de Marruecos y Argelia.
Pero tantas muertes no son consideradas insoportables por el Gobierno español y por la Unión Europea. Parecen pensar que se trata de un “daño colateral” inevitable de sus políticas migratorias de control, en las que la implicación Europea a través del FRONTEX ha jugado un papel Estrecha con inversiones millonarias (que detallamos en el informe: ver páginas 39 y 42).
Pese a todas las declaraciones de intenciones, el Gobierno y la UE continúan ignorando las causas que provocan las migraciones actuales (cuestión ampliamente analizada en el informe a partir de la página 13) y por tanto se ponen en marcha medidas hiperrestrictivas cuyo alcance y eficacia es coyuntural y cuyos efectos a medio plazo son imprevisibles.
La política migratoria del Gobierno se centra en lo que se ha venido a llamar la política de “externalización de las fronteras”, impulsada desde la UE y liderada en realidad lastimosamente por el gobierno Español. Sus objetivos se resumir de la siguiente forma:
- Impedir que las personas salgan de determinados países africanos
- Que si consiguen salir no lleguen a España/Europa
- Y que si llegan, que puedan ser expulsadas lo más rápidamente posible
Con este simplismo (que por simple no deja de ser cruel), muchas cuestiones de futuro se ponen en juego.
Se pone en juego la cooperación española y las relaciones de futuro con los países africanos, que se condiciona de forma inmoral a los objetivos del control de fronteras y de la inmigración. Inmoral porque la vida de miles de personas no puede quedar sujeta a concepciones policiales y al arbitrio de acuerdos con gobiernos corruptos que violan gravemente los derechos humanos de sus ciudadanos.
Se pone en juego la política de las cañoneras de triste recuerdo, en la que son los buques de la Guardia Civil o de otros países europeos los que controlan las fronteras de los países africanos, devolviéndonos la imagen de la más rancia época colonial. Para muchos africanos, las cañoneras y las expulsiones masivas, están creando un nuevo foso y un imaginario colectivo de choque con Europa, de consecuencias imprevisibles
Se pone en juego el cumplimiento de la DUDH que claramente establece que ninguna persona puede ver impedido su derecho a salir y regresar a su propio país. El concepto de “emigración ilegal” ampliamente utilizado por España y la UE es un concepto jurídico que rompe claramente con todos los Acuerdos que forman la Arquitectura Internacional de Protección de los Derechos Humanos.
Se ponen en juego las vidas humanas. Ya hemos hablado de las escalofriantes cifras de muertos entre las personas que se dirigen a España. Pero el incremento del control de fronteras busca otras salidas con más muertos y tragedias. La organización Fortress Europa, a través de un seguimiento de prensa, ha llegado a contabilizar durante el 2007 551 muertos en el canal de Sicilia, 257 en el mar Egeo y 177 en toras fronteras.
Y como resultado, como consecuencia. La mayor vigilancia, el control, los acuerdos impuestos a países terceros, no tienen como consecuencia una inmigración ordenada, sino una inmigración más clandestinizada, con más sufrimiento y más muertes, más ruptura de la legalidad internacional y más violación de derechos humanos.
Es preciso un giro radical en las políticas migratorias
Tras la derrota electoral del PP, cuyas propuestas en el ámbito de las migraciones sólo podíamos calificarlas de profundamente xenófobas, nos gustaría que se produjera un verdadero cambio de rumbo en la orientación y en la gestión de las migraciones por parte del gobierno del PSOE, aprovechando su triunfo electoral
Pero honestamente no tenemos demasiada confianza en ello. De hecho al menos en lo que se refiere el presente informe que presentamos (la gestión de los flujos migratorios y que por tanto no aborda el conjunto de los temas que afectan a la inmigración en nuestro país), la APDHA no puede sino denunciar unas políticas desarrolladas por el Gobierno que violan gravemente de los derechos humanos y que, a la postre no son ni siquiera efectivas desde el punto de vista que declaran perseguir, o sea, la ordenación de los flujos migratorios.
Por ello plantearíamos al gobierno del PSOE que se va a formar tras las elecciones:
§ Que en un nuevo diseño de la política migratoria sea capaz de acudir al análisis de las causas de la migración forzada, descritas en ese informe, y compruebe que existen responsabilidades en ello por parte de España y de la Unión Europea. Y, comprobando esas responsabilidades actúe con las consecuencias debidas para que la política de nuestro país en África no implique la profundización de las desigualdades, de la pobreza y del foso que separa a los países ricos de los países empobrecidos.
§ Por otra parte, desde criterios éticos y morales el gobierno no puede seguir enrocado en torno al dogma del cierre de fronteras. Pero no sólo desde criterios éticos y morales, sino desde el mínimo balance utilitarista: en casi veinte años de políticas restrictivas no sólo no se ha conseguido lo que se decía pretender (controlar los flujos migratorios) sino que incluso se ha producido el efecto contrario…
§ Creemos profundamente injusta y violentadora de derechos humanos esta política llevada por el gobierno en relación los flujos migratorios. Muy en particular el condicionar de forma inmoral la ayuda al desarrollo y la cooperación a la lucha contra la inmigración clandestina.
§ Independientemente de la legitimidad de los estados para controlar las fronteras propias, lo cierto es que el respeto escrupuloso de los derechos humanos de aquellos que intentar entrar, debe estar por encima del propio control de fronteras (acogida digna, derecho a la asistencia jurídica y a intérprete, etc.…). Y esto no se está haciendo de forma consecuente. Como tampoco se están respetando cabalmente derechos humanos esenciales como el derecho al asilo o el derecho a vivir en familia o el derecho de los menores a recibir protección.
§ En este sentido pedimos que se reconsidere en profundidad el papel de los Centros de Internamiento, incluso su cierre, que ya en nuestro informe respecto a 2006 destacábamos como marcos opacos de violación de derechos humanos, en los que una persona que no ha cometido delito alguno puede ser sometida a un régimen carcelario a veces infrahumano. Una cuestión que acaba de ratificar un informe al parlamento Europeo en relación a España.
§ En el terreno de la legislación internacional pedimos al nuevo gobierno que España ratifique cuanto antes el protocolo 4º de Derechos Humanos de la UE, en el que se prohíbe la expulsión colectiva de inmigrantes. Del mismo modo que es urgente la firma aún no realizada de la Convención Internacional de Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias de Naciones Unidas.
§ Creemos que en la nueva legislatura debería plantearse la modificación en profundidad del actual marco jurídico, o dicho de otra forma cambiar en de raiz la actual Ley de Extranjería, que permita reconsiderar la actual política de visados, cupos, sistemas de entrada y regularización…. Sin estos cambios normativos resulta imposible pensar en flexibilizar la gestión de los flujos.
Una flexibilización de los flujos con cauces concretos que permitan la emigración regular desde África a Europa. África tiene que ser incorporada a los procesos migratorios hacia Europa, dando salida a las generaciones, a esa franja de personas entre quince y treinta y cinco años que tiene muy interiorizada la voluntad de fugarse. Y ello sólo puede hacerse mediante una gestión legal de los flujos, más abierta, más racional... que puede ayudar paradójicamente a reducir la irregularidad, que potencian precisamente las políticas de cierre de fronteras. Y también por tanto las muertes y el sufrimiento de tantas personas.
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12 MEDIDAS URGENTES POR LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS MIGRANTES-
Tenemos derecho a tener derechos.
En el Estado Español la población migrada se encuentra sometida a una serie de normas legales diferentes a las del resto de la ciudadanía y es objeto por parte de los poderes públicos de un trato discriminatorio. Discriminaciones especialmente graves hacia quienes se encuentran en situación irregular.
La existencia de una ley de extranjería y el conjunto de normas especiales para personas extranjeras contenidas en dicha Ley, en el Reglamento que la desarrolla, en el Código Penal, en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y otras – constituyen una normativa que dispone la negación de derechos o el recorte de los mismos para una parte de la ciudadanía en función de su origen nacional – por lo que son en sí mismas fuente y origen de discriminación. Con ello desde el poder se construye una categoría social, la de las personas migradas, desiguales e inferiores en el plano jurídico y social.
Mientras las condiciones de vida de los ciudadanos migrantes son cada vez más difíciles, las administraciones siguen primando la inversión en políticas de control frente a la inversión destinada a gasto social. Desde la aprobación de la primera Ley de Extranjería en 1.985, han establecido requisitos cada vez más difíciles, en ocasiones imposibles de cumplir, para establecerse legalmente en España. Los cambios legislativos han implantado normativas dirigidas a evitar la entrada y a dificultar la permanencia de las personas migrantes, tanto a través de la privación de derechos como a través del acoso policial al que son sometidas: controles de documentación discriminatorios, detenciones arbitrarias, internamiento y expulsiones en condiciones que vulneran los tratados Internacionales suscritos por España en materia de asilo y Derechos Humanos.
Con la asimilación de la población inmigrante a la categoría de “enemigo peligroso”, la insistencia en la “elevada proporción” de personas migradas y la “amenaza de invasión” se provoca en el conjunto de la ciudadanía el miedo y la inseguridad que permiten justificar y desarrollar políticas de control social que aseguren una población dócil y sumisa que acepte recortes de derechos en aras a la seguridad.
Este racismo institucional, contribuye a desarrollar el racismo social ya que los factores legales de exclusión y discriminación generan una imagen del “otro” como inferior y desigual al tratarlo como tal en el plano jurídico. Asimismo contribuye a la guetización de la población migrada en el plano laboral, de vivienda, etc.
Por su parte, los partidos políticos han seguido alimentando los discursos que sólo tratan la inmigración y a los inmigrantes como mano de obra barata, o incluso como “un problema”. En este sentido, el Estado Español no es una excepción dentro de Europa. Las políticas migratorias de la UE, caracterizadas por la interrelación entre la lógica del mercado y las lógicas de control, tratan de promocionar las migraciones regulares y temporales, subordinadas a las necesidades del mercado de trabajo europeo, demostrando una concepción puramente utilitarista e instrumental de la inmigración, a la vez que se centran en luchar eficazmente contra la inmigración “ilegal”.
La población migrada es la victima (especialmente quienes se encuentran en una situación irregular) y la sociedad en conjunto se degrada y envilece a si misma propiciando los conflictos sociales.
Frente a las iniciativas que en Europa y en el Estado Español pretenden ahondar en la discriminación y el castigo y desde la convicción racional y ética de la universalidad de los derechos humanos y la igualdad de derechos de todas las personas independientemente de su origen nacional, colectivos y organizaciones afirmamos que “TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS”, e iniciamos una campaña para que sean reconocidos los derechos de la población migrada y cese el trato discriminatorio y racista por parte de las instituciones.
Teniendo como objetivo la igualdad de derechos de todas las personas, y mientras seguimos trabajando para la necesaria derogación de una legislación de extranjería que, intrínsecamente, discrimina, consideramos indispensable ya, dada la difícil situación que afronta la población inmigrante
A) REGULARIZACION INMEDIATA DE TODAS LAS PERSONAS MIGRANTES y GARANTIAS A LA RESIDENCIA, TRABAJO Y VIDA DIGNA EN FAMILIA.
1.- Apertura de un nuevo Proceso de Regularización que garantice el permiso de residencia y trabajo para todas las personas migrantes "sin papeles" que habitan en el territorio español, sin condicionarlo a la existencia de un contrato de trabajo previo.
2.- Adaptación a la realidad de los requisitos para acogerse al arraigo social: - reducción a un año el tiempo de estancia exigido.
- Concesión del arraigo a quien tenga una orden de expulsión por causas administrativas.
- Eliminación del requisito de poseer un contrato de trabajo.
- Eliminación de requisitos de imposible cumplimiento (como, por ejemplo, el certificado de penales de nacionales de países sin embajada en España).
3.- Otorgamiento del arraigo laboral a toda persona que por cualquier medio de prueba válido en derecho, acredite la existencia de una o varias relaciones laborales que sumen un periodo igual o superior a seis meses. Regularización para todas las personas víctimas de violencia de género sin esperar a la existencia de sentencia judicial firme. Regularización de las madres con hijos nacidos en España.
4.- Flexibilización de los requisitos para la tramitación de la reagrupación familiar en relación a las condiciones económicas y de vivienda, adaptándolos a la realidad de mercado laboral y de vivienda en España y garantizando ante todo el derecho fundamental de vivir en familia. Reconocimiento a los familiares reagrupados del derecho a trabajar.
5.- Paralización de las políticas de contratación en origen de trabajador@s temporer@s, y creación de comisiones independientes de investigación y control del cumplimiento de los derechos laborales y sociales hasta que esto suceda.
6.- Aumento significativo de los recursos para garantizar el acceso a la información y para dar una respuesta ágil y eficaz a los trámites administrativos que afectan a los inmigrantes (arraigo, renovación, homologación de títulos, etc.), así como garantizar una asistencia real y efectiva de los letrados del turno de oficio cuando así corresponda.
B) CESE DE LA REPRESION QUE SUFRE LA POBLACION MIGRANTE y GARANTIAS FRENTE AL ABUSO POLICIAL Y LA DISCRIMINACION XENOFOBA.
7.- Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros. Creación de comisiones independientes de investigación y seguimiento (formada por organizaciones en defensa de los Derechos Humanos) hasta su cierre definitivo.
8.- Derogación del Protocolo de actuación aprobado en Septiembre de 2.007 para las repatriaciones y el traslado de detenidos por vía aérea y/o marítima.
9.- Paralización inmediata de toda actuación arbitraria en relación a los controles de documentación, las detenciones, el secuestro de pasaportes y las expulsiones que sufre la población inmigrante, especialmente en el caso de los menores de edad. Prohibición de iniciar expedientes de expulsión a quien denuncie irregularidades laborales, abusos policiales o agresiones xenófobas, así como a las víctimas de la violencia de género o a quien sufra cualquier tipo de violación de sus derechos fundamentales.
10.- Retirada definitiva de la Proposición de Ley Orgánica de Medidas para la Lucha Contra la Inmigración Clandestina.
C) IGUALDAD PLENA DE DERECHOS PARA TOD@S L@S MIGRANTES
11.- Cumplimiento inmediato y efectivo de los acuerdos internacionales suscritos por España en materia de asilo y derechos de los trabajadores inmigrantes, y firma de los que no ha suscrito, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
12.- Garantizar el derecho de sufragio activo y pasivo para las personas inmigrantes, así como el ejercicio de todos los derechos laborales, sociales, civiles y culturales en pié de igualdad con las personas nativas. Garantía que exige la derogación de toda legislación discriminatoria actual y entre ella la Ley de Extranjería
ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS CONVOCANTES:
Plataforma de Asociaciones de Inmigrantes de Andalucía, Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, Asociación de Inmigrantes de Tungurahua, Red Chábaka, Pateras de la Vida, Soc-Sat-Sevilla, Soc-Sat Almería , Soc-Sat Andalucía, ODS de Sevilla, ODS Málaga, Asociación Barrios, Precarios en Movimiento de Sevilla, Red de Precarios en Movimiento, M.A.D. Africa, APDHA-Sevilla, Foro Social de Sevilla, Sevilla Acoge, Casa de la Paz, Corriente Roja, CGT Sevilla, CGT Andalucía, Sindicato Unitario Huelva, Plataforma de Solidaridad con Palestina, Indymedia Estrecho, En Tránsito de Málaga, Centro Social Casa Iniciativa, Centro Social la Casa Invisible, Colectivo Atrapasueños, Colectivo Zapatista de Sevilla. Ecologistas en Acción.
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RESPUESTA A RAJOY Y A ARIAS CAÑETE TRAS SUS DECLARACIONES SOBRE LA INMIGRACIÓN
Comunicado APDHA
Según Rajoy :
- El inmigrante no es persona, es mano de obra que solo tiene cabida en España mientras contribuya con su trabajo, pague los impuestos, respete las costumbres españolas y no sea declarado delincuente.
- No reconociendo en el inmigrante otros valores, le condena a una asimilación forzada pasada por lo que llama “contrato de integración”. Solo cuando cumpla el contrato, al inmigrante se le concederían los mismos derechos y prestaciones que a un español, se le ayudaría a la “integración” y se respetarían sus creencias y costumbres. El inmigrante no es de fiar mientras no demuestre lo contrario
- El inmigrante indocumentado o que ha perdido su condición de regularizado, es un enemigo social que hay que expulsar de España sin dilación.
- No habrá más regularizaciones masivas, aunque los inmigrantes estén trabajando en la clandestinidad con empresarios que se aprovechan de su precariedad absoluta.
Según Arias Cañete :
- El inmigrante no es un trabajador cualificado, no sabe trabajar.
- El trabajador inmigrante lo que sí sabe hacer es aprovecharse de la Seguridad Social.
Del menosprecio y la amenaza de Rajoy, se ha pasado al insulto de Arias Cañete.
Consideramos muy grave la utilización de la xenofobia como arma electoral y denunciamos al Partido Popular porque, desde sus dirigentes racistas y xenófobos, está sembrando en la sociedad sentimientos de aversión y rechazo a los inmigrantes, contrarrestando el gran esfuerzo de integración que se está llevando a cabo por los propios inmigrantes, profesionales de la educación, ciertas ONGS y la generosa ciudadanía española.
Exigimos a Rajoy, a Arias Cañete y al PP, que si dicen defender los Derechos Humanos, rectifiquen las recientes afirmaciones formuladas contra las personas inmigrantes y propicien un clima social de encuentro e integración. Y por tanto que retiren de su programa electoral la propuesta del “contrato de integración”, que no es sino mas discriminación, mas vulneración de derechos para las personas inmigrantes.
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EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARA INCONSTITUCIONALES VARIOS ARTÍCULOS.-
Canal Solidario. 14-11-07
Reunirse, asociarse, sindicarse y acceder a justicia gratuita y a la enseñanza no obligatoria. Son derechos que hasta hace unos días podían ejercer todas las personas que viven en el Estado español excepto los y las inmigrantes en situación irregular. La Ley de Extranjería aprobada en el año 2000 por el Gobierno del Partido Popular limitaba estos derechos fundamentales a los extranjeros sin regularizar.
En su momento, organizaciones de derechos humanos en España se dirigieron al Defensor del Pueblo y a instituciones políticas para expresar su repulsa a esta normativa. Ahora, el Tribunal Constitucional ha dado la razón a estos recursos y ha declarado inconstitucionales varios artículos que establecían restricciones a los derechos de reunión, asociación y sindicación. Parte de estos artículos también impedían a las personas inmigradas sin regularizar tener asistencia jurídica gratuita y negaban a los menores inmigrantes sin regularizar y de entre 16 y 18 años gozar del derecho a la enseñanza no obligatoria.
“El fallo supone un avance indiscutible en el reconocimiento de derechos a las personas indocumentadas y, por tanto, un logro en la equiparación con el resto de los ciudadanos, lo que significa un decidido paso hacia la integración en España”, afirman desde la Red Acoge y Andalucía Acoge.
Según estas entidades, los artículos recogidos hasta ahora en la Ley 8/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social vulneraban otras normativas internacionales, como el convenio europeo para la protección de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
El fallo del Tribunal Constitucional “contribuirá a que los inmigrantes en situación irregular se sientan menos indefensos” y adquieran derechos “de todo ciudadano” de manera independiente a su situación administrativa, añade la asociación Rumiñahui.
Retos pendientes
Como explican desde la Red Acoge y Andalucía Acoge, la sentencia contra la Ley de Extranjería significa un avance “indiscutible” para los derechos de la población inmigrada aunque según Blanca Ruiz, de Red Acoge, las personas en situación irregular “nunca llegarán a tener una igualdad real en términos jurídicos” porque desde normativas como las europeas los derechos se refieren “sólo” a los inmigrantes regularizados.
Con este fallo de inconstitucionalidad, sin embargo, se avanza en cuanto a derechos fundamentales, señala Blanca Ruiz, que explica que la Ley de Extranjería es “garantista” en este sentido y recoge los derechos aparecidos en el capítulo de derechos fundamentales de la Constitución.
En este contexto, tanto desde Red Acoge como desde Andalucía Acoge recuerdan que la reforma que debe hacerse de la ley debería tener en cuenta “las propuestas y el trabajo serio de las organizaciones sociales que trabajan en torno a la inmigración, al estilo del modelo empleado para la elaboración de la Ley 4/2000”. “Dado que con frecuencia las legislaciones españolas en materia de extranjería son matizadas por los tribunales, los textos jurídicos deberían garantizar el respeto a los derechos fundamentales contenidos en la Constitución o la carta de derechos de Naciones Unidas”, añaden.
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Concentración de apoyo a la inmigración
Plaza de Lavapiés del día11 de Noviembre de 2007, a las 12:00h
150 grupos cristianos reunidos en su Primera Asamblea General de todo el Estado español, bajo el lema “Globalicemos la dignidad humana”, sentimos la responsabilidad de invocar la conciencia cívica ante la situación de los inmigrantes en España.
En la actualidad hay más de un millón de inmigrantes sin papeles. La inmigración es un fenómeno complejo, con implicaciones económicas, sociales y culturales. Pero es también una situación humana que requiere medidas inmediatas de justicia.
Porque la causa de la inmigración es el enorme desequilibrio Norte Sur. Desequilibrio ocasionado por la explotación histórica y por la explotación actual del Sur. Las empresas multinacionales del Norte recuperan cinco veces más de lo que nuestros Gobiernos donan al Sur. La Unión Europea cierra sus fronteras a los inmigrantes sin cualificación mientras planifica la fuga de cerebros del Sur atrayendo a 20 millones de profesionales cualificados. Nosotros no admitimos esta discriminación laboral que beneficia sobre todo a la Globalización capitalista. Sacamos del Sur las materias primas a bajo coste y les vendemos armas. Expulsamos a los campesinos del terruño familiar para producir agrocombustibles y multiplicamos el precio del maíz. Patentamos el poder curativo de su medicina ancestral y les dejamos morir de sida porque no pueden pagar los medicamentos.
Todos tienen derecho a emigrar y nosotros los del primer mundo tenemos el deber de acoger a todos los que emigran. Los inmigrantes son ante todo personas y ciudadanos y son sujetos de derechos y tienen todos los derechos humanos. Derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la escuela, derecho a su propia cultura y a su religión. Derecho al Voto. Pero, unos derechos que apenas le son reconocidos y que casi nunca pueden ejercer. Afirmamos que tienen derecho a ser y ejercer como ciudadanos y a participar con su voto en las decisiones para el bien común. Todos, inmigrantes y nativos, debemos ser sujetos activos contra la desigualdad Norte-Sur y a favor de globalizar la dignidad humana.
Exigimos, por tanto, al Gobierno, a las Comunidades Autónomas, a los Ayuntamientos y a todos Municipios que creen las condiciones necesarias para que los inmigrantes sean de verdad ciudadanos con todos los derechos. Por lo que estamos absolutamente en contra de las proposiciones de ley que se están preparando en el Congreso y en el Senado que pretenden criminalizar a los inmigrantes no documentados.
Recordamos a nuestros hermanos cristianos el ejemplo y las exigencias de Jesús, que creó la fraternidad universal de todos los seres humanos sin excepción de etnias, religiones o culturas
TODAS Y TODOS LOS INMIGRANTES SON CIUDADANOS
POR UN MUNDO SIN FRONTERAS
LA DIGNIDAD HUMANA NO NECESITA PAPELES
NO A LA EXPLOTACIÓN DEL SUR POR EL NORTE.
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CEUTA Y MELILLA DOS AÑOS DESPUÉS.-
Por el respeto a los derechos humanos en las fronteras.
Manifiesto-Comunicado III Caravana a Benyunesh.
Al menos 14 personas perdieron la vida entre septiembre y octubre del año 2005 al intentar atravesar las vallas fronterizas en Ceuta y Melilla. Huían de la guerra, del hambre y de la miseria, y de una vida sin futuro ni dignidad en sus países de origen, en el África Subsahariana. Muchos de ellos fueron heridos, maltratados, deportados o dejados a su suerte en el desierto por el gobierno marroquí que empezó a jugar el papel de gendarme de las políticas de control de las migraciones europeas.
Dos años después, aquellos graves hechos continúan sin ser investigados ni determinadas las responsabilidades de las fuerzas de orden de España y Marruecos y sus respectivos gobiernos. Dos años después se han rearmado las políticas europeas contra los migrantes y se han reafirmado algunas de las peores líneas que inspiran hoy dichas políticas.
Miles de personas encontraron la muerte durante el año 2006 intentando llegar a las costas españolas. Aquellos a los que se les negaron las vías de Ceuta y Melilla reforzando alambradas de muerte, tomaron el camino incierto y peligroso de las Islas Canarias. Y tras el creciente blindaje de esa vía marítima retoman rutas hacia Malta o Italia o renuevan aquellas que ya se usaron antaño hacia las costas andaluzas.
Más sufrimiento y más muerte. No son los golpes de mar, la fragilidad de una patera o el viento siempre impredecible los responsables, ni siquiera son principalmente las mafias; las causantes de tanta muerte y de tanto dolor, son las políticas que cierran las fronteras e impiden la búsqueda de un futuro con dignidad pretendiendo encarcelar a todo el continente africano.
Pasados dos años de los acontecimientos de Ceuta y Melilla, el gobierno español y la Unión Europea han reforzado su guerra contra los migrantes: millones de euros invertidos en tecnología y despliegue policial; desarrollo y ampliación del Frontex; impulso de una diplomacia sin precedentes en el continente por parte de Europa y en particular de España…
Resulta particularmente sangrante la puesta al día de la política de las cañoneras, que creíamos desterradas desde la época colonial, usando la fuerza armada de los países del norte para patrullar los países del Sur y evitar la salida de sus ciudadanos de los mismos. ¿Dónde quedó el Art. 13 de la Declaración Universal que considera que toda persona tiene derecho a poder salir sin impedimento de su propio país?
Resulta monstruoso e indignante el uso de la cooperación al desarrollo como chantaje hacia terceros países para que cumplan un hipotético deber de controlar la emigración hacia Europa. Estas políticas de externalización del control de las migraciones están llevando el drama a esos países y en algunos casos los convierten, con la diligencia cómplice de sus gobiernos, en auténticos gendarmes al servicio de intereses europeos.
Es el caso del gobierno de Marruecos, que durante estos dos años ha continuado negando el derecho de asilo, persiguiendo inmigrantes llegando a disparar y matar a varios de ellos, efectuando incontables razzias, y deportando a las fronteras a las personas cuyo único delito es la búsqueda vital de la dignidad.
La externalización está llevando a la firma de ignominiosos tratados de readmisión colectiva contraviniendo incluso la Carta Europea de Derechos Humanos. El foso entre África y Europa, se hace día a día más hondo y ancho, con consecuencias de futuro difíciles de soslayar.
Fruto de estas políticas de cierre de fronteras se están provocando violaciones de derechos humanos a una escala hace tiempo no vista. La negación en la práctica del derecho de asilo, la violación del derecho de protección de los menores, las condiciones de detención y acogida, la falta de intérprete o de asistencia jurídica, cuando no directamente abusos y malos tratos, son moneda corriente. La frontera sur de España y Europa se ha convertido en zonas de no derecho, donde toda la arquitectura internacional de protección resulta cuestionada y cada vez en mayor medida vulnerada.
En este sentido, con toda responsabilidad, pero también con el mayor compromiso y exigencia:
- Rendimos homenaje a todos los muertos en las rutas migratorias y en particular a los que perdieron la vida en los acontecimientos de Ceuta y Melilla en otoño de 2005. Y por ello reiteramos nuestra exigencia de que se haga luz sobre los crímenes cometidos en septiembre y octubre de 2005 en Ceuta y Melilla, que se determinen las responsabilidades de los gobiernos español y marroquí y sean castigados los culpables, para que acabe la impunidad.
- Denunciamos las condiciones infrahumanas en las que los migrantes son perseguidos sin cesar y rechazados, tanto por los países del Magreb como, sobre todo por el gobierno español y otros gobiernos europeos. En este sentido rechazamos la criminalización de los migrantes y la represión que sufren de una u otra parte muy específicamente en nuestra frontera sur.
- Del mismo modo, rechazamos también la creciente militarización de las fronteras.
- Denunciamos como violentadoras de los derechos humanos las políticas de externalización, los tratados de reagrupación, la subcontratación de la represión y el uso cruel de la cooperación como chantaje.
- Condenamos también las amenazas y las presiones que se ejercen sobre los defensores de los derechos humanos que en sus actividades cotidianas apoyan a los migrantes
Pasados dos años, la solidaridad con las víctimas de Ceuta y Melilla, su recuerdo y el de todos cuantos han perdido la vida o han sufrido la represión en su apuesta vital para emigrar, nos emplaza de nuevo a movilizarnos. Y a exigir que se acabe esta política sin sentido contra los migrantes que ni va a conseguir los resultados que dice perseguir y que sin embargo va a continuar violando gravemente los derechos humanos de las personas que tratan tan sólo de encontrar un lugar donde poder vivir con dignidad.
* Ver si se desea el texto en francés en nuestra Web www.apdha.org
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INMIGRANTES MUERTOS
6000 vidas apagadas, 6000 velas encendidas
JULIO ROLDÁN
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ISLAS CANARIAS).
ECLESALIA, 04/05/07.- La noche del lunes 30 de abril brilló de modo especial en la Playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. En ella se encendieron 6.000 velas por otras tantas vidas de inmigrantes muertos el pasado año en las costas canarias. El acto estuvo organizado por el Secretariado diocesano de juventud, así como la parroquia Corazón de María, Cáritas Diocesana, coordinadora de ONGs, FERE, así como distintas confesiones religiosas.
Este gesto solidario pretendía sensibilizar a la sociedad canaria sobre un hecho doloroso como es el fenómeno de la inmigración. Familias enteras, adultos, niños, jóvenes, creyentes y no creyentes se dieron cita en esta convocatoria especial. Más de un millar de asistentes. Setenta voluntarios con camisetas naranjas formaban parte de la organización. Una pantalla gigante mostraba videos de la llegada de inmigrantes en cayucos, asimismo algunos paneles informaban sobre esta realidad cotidiana que vive el archipiélago canario. Un suave fondo de música instrumental y étnica invitaba a la reflexión. También estuvieron presentes los ritmos africanos con un grupo de jóvenes senegaleses, que animaron al canto y a la danza de todos los participantes.
El acto se inició con la proclamación de un manifiesto, leído por varios miembros de la organización, seguido de un minuto de silencio en recuerdo de los seis mil inmigrantes muertos en el mar, cuando intentaban alcanzar un futuro mejor. En el manifiesto se declaraba que “el inmigrante es víctima, no verdugo”, así como el recuerdo de que la población canaria fue también emigrante. También se denunció el negocio que se hace de la inmigración y ante todo esto se declaró que “es necesaria por tanto la solidaridad”. Desde ahí, la declaración que hacía un llamamiento a la sociedad canaria. Una invitación a que “se cuestione y reflexione sobre el origen de la emigración, sobre el reparto tan desequilibrado de la riqueza en el mundo”. Concluía el manifiesto llamando a la implicación activa para solicitar “una resolución internacional justa para los problemas de desigualdad en el acceso a los recursos elementales”. Finalmente, se solicitaba a la sociedad canaria “que apueste por la austeridad y el descenso de nuestro consumismo a favor de ese reparto”.
Momentos después se encendieron las velas que portaban los asistentes y se colocaron sobre la arena de la playa. Quienes lo desearon se acercaron en silencio a la orilla para realizar una oración personal. Cerca de la media noche concluyó este gesto solidario que fue valorado muy positivamente tanto por los organizadores, como los asistentes al encuentro. (Eclesalia Informativo autoriza y recomienda la difusión de sus artículos, indicando su procedencia).
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“TODOS/AS SOMOS MIGRANTES”
Las organizaciones, entidades y colectivos que forman parte de la Plataforma por los Derechos Humanos, contra el racismo y la xenofobia “Tod@s somos migrantes”
Ante la situación que vive Canarias en los últimos meses, con el aumento de la llegada de personas procedentes del continente africano a nuestras costas cada vez desde tierras más lejanas y en embarcaciones precarias (pateras y cayucos), incapaces de mantenernos indiferentes ante el elevado número de personas muertas ni con el estado en el que llegan y cómo son tratados los que consiguen arribar con vida a nuestras islas,
MANIFESTAMOS NUESTRO TOTAL DESACUERDO CON:
1. El hacinamiento que sufren las personas migrantes en las comisarías de Playa de las Américas, de Santa Cruz y de otros lugares e islas de nuestro archipiélago, teniendo en cuenta el precario estado de salud en el que vienen y las carencias materiales (duermen en el suelo, carecen de servicios higiénicos) y humanas (reducido número de personal sanitario para asistirlos) que los citados espacios presentan. Hecho que atenta claramente contra los Derechos Humanos más elementales, como bien prueba la reciente muerte de un migrante en las dependencias de la Policía Nacional de Playa de Las Américas, sin que se tuviera la presteza que su precario estado de salud requería, el de un ser humano que había llegado horas antes a nuestras costas, en un cayuco del que sus ocupantes habían arrojado 17 cuerpos sin vida al mar (según sus propias manifestaciones).
2. La falta de respeto a la normativa que rige los CIEs(Ordén de 22 de febrero de 1999, sobre las normas de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento para Extranjeros):
no se cumple el régimen de visitas, no se presta la adecuada asistencia legal, no se facilita la comunicación de los internos con el exterior; y el lamentable estado en el que malviven en ellos personas que no han cometido ningún delito: claramente desbordados en su capacidad alojativa, hacinados, faltos de medios humanos y materiales, y como en el caso del Acuartelamiento de Las Raíces, en tiendas de campaña al aire libre en un lugar donde la climatología es adversa, en un espacio que teniendo carácter temporal lleva camino de perpetuarse.
3. El no facilitar la información y los medios adecuados para que las personas migrantes puedan solicitar asilo o refugio político, con lo que se vulneran los derechos internacionales de protección a que toda persona puede y debe tener acceso, como así ha quedado de manifiesto en distintos informes (Amnistía Internacional, ACNUR,).
4. Las condiciones de repatriación de las personas migrantes, sin garantizar su seguridad e integridad abandonados en terceros países donde luego se les traslada al desierto o a la frontera más olvidada.
5. Las actuaciones que embarcaciones españolas o extranjeras de vigilancia o rescate están llevando a cabo en el mar, resultándonos inadmisible que a una embarcación que se localiza en el mar se la obligue a cambiar su rumbo o destino sin salvaguardar en primer lugar la seguridad total de todos sus ocupantes y sin importar las consecuencias que pudiera tener ese acto para la embarcación y las personas que se encuentran en ella”. A tal efecto: véanse los Informes recientes de Amnistía Internacional de fecha 7 de julio de 2006, o la recomendación que hizo la adjunta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Erika Feller, a finales de mayo del año en curso, o revísense informaciones relativas a una embarcación que naufragó recientemente frente a las costas de Mauritania con resultados trágicos.
6. El discurso alarmista y excluyente que se escucha, cada día más fuerte, permitido, alentado y en ocasiones promovido desde diversos sectores de la sociedad canaria con distintos fines, hecho éste que impide un planteamiento que posibilite abordar realmente el fenómeno de la migración, creando actitudes xenófobas y racistas de consecuencias impredecibles, que no hacen más que dar alas a los argumentos más insolidarios e irrespetuosos para con la dignidad de las personas.
7. Que tras el considerable incremento de menores extranjeros no acompañados llegados a las islas, se los trate como una parte más del problema del control de los flujos migratorios, con el consiguiente menoscabo de los derechos que la legislación nacional e internacional les dispensa, esto es: derecho a la vida, a la protección, a un desarrollo pleno y a una completa integración social.
EN BASE A LO AFIRMADO:
1. EXIGIMOS A las Autoridades y Organismos competentes:
- En lo relativo al punto 1., Hacinamiento:
Que se tomen las medidas que habitualmente se aplican en otras situaciones humanitarias similares (desplazados u afectados por huracanes, lluvias torrenciales y otros fenómenos), alojando a las personas migrantes en lugares públicos o privados donde puedan disponer de espacio y asistencia sanitaria dignos y acordes a la situación en la que se encuentran como seres humanos que son.
- En lo relativo al punto 2., CIEs:
Sin estar de acuerdo con que se encierre a personas que no han cometido delito en un centro de internamiento donde se les priva de su libertad, ateniéndonos a la realidad actual,
• Que se habiliten nuevos centros en otros espacios y municipios, dotándolos de medios y personal de asistencia suficientes, con el fin de eliminar las condiciones de hacinamiento e insalubridad en la que viven las personas migrantes, como así ha quedado de manifiesto en las últimas semanas.
• Que se respete el Reglamento de los Centros de Internamiento para Extranjeros y se les dote de los medios necesarios para atender los derechos legales que este colectivo tiene, con intérpretes y asistencia jurídica que garanticen el respeto de sus derechos y la protección a aquellas personas que sufran algún tipo de persecución.
• Que se permita la comunicación externa con las personas internadas, derecho que no está vetado ni siquiera a la población reclusa.
• Que se permita el acceso a los CIEs a otras ONGs y Asociaciones vinculadas a la asistencia y mediación social de personas migrantes y demás colectivos.
- En lo relativo al punto 3., Asilo:
Que se tomen las medidas necesarias para que toda persona migrante retenida en nuestras islas sea puntualmente informada de los derechos que en materia de asilo le asisten, de acuerdo con la legislación internacional vigente.
- En lo relativo al punto 4., Repatriaciones:
La finalización inmediata de las repatriaciones que contravengan la legalidad establecida por el derecho internacional y la misma normativa española.
- En lo relativo al punto 5., Actuaciones en el mar:
• La no aplicación de medidas o soluciones militares a un fenómeno social de carácter global como es la extrema pobreza en la que vive buena parte de la población del Continente africano. A tal efecto rechazamos la petición del Parlamento Canario y otros partidos a nivel particular de emplear buques de guerra en el control de la inmigración.
• El socorro y auxilio de todas las personas que se localicen en el mar, sea en pateras, cayucos u otros barcos, con medios civiles adecuados, de lo contrario seríamos responsables directos de sus muertes.
- En lo relativo al punto 6., Discurso:
• Que partidos políticos, medios de comunicación y todos los demás implicados dejen de usar demagógica e interesadamente la cuestión de la migración, informando verazmente a la población y no manipulándola y asustándola de manera infundada.
• Que se cumpla el “Decálogo para una comunicación integradora y no xenófoba” que elaborado por el Foro Canario de la Inmigración, fue firmado por los Medios de Comunicación Social, y en el que se exigía no usar el fenómeno de las migraciones como “instrumento de enfrentamiento partidista”.
• Que se evite generar cualquier clima de confrontación pública o social, dada la gravedad y trascendencia del problema que afecta a poblaciones que han sido víctimas, desde hace siglos, del expolio por parte de de las naciones del Norte.
• Que se pongan los medios efectivos necesarios para facilitar la construcción de una sociedad integrada, con la participación de todas personas que convivimos en ella.
• Que primen la claridad y la transparencia en las cuestiones relativas a inmigración (justo lo contrario a lo que ahora ocurre), como vía con la que acercar y hacer comprender el fenómeno a la población.
- En lo relativo al Punto 7., Menores:
Se respeten escrupulosamente los derechos que asisten a los menores extranjeros no acompañados, y muy especialmente: el derecho que tienen a obtener el permiso de residencia una vez transcurridos nueve meses desde el inicio de su tutela (art. 92. Reglamento de Extranjería), y el que les asegura que se han de tomar todas las garantías posibles a la hora de determinar su edad o repatriarlos bajo el concepto de “reagrupación familiar”.
2. PEDIMOS A la población en su conjunto,
Que recapacitemos y reflexionemos todos siendo conscientes de :
• Que todos somos migrantes, y hasta la década de los 70 del siglo pasado Canarias fue una tierra de emigrantes (canarios en otros países), donde un alto porcentaje de su población salió de nuestras Islas en busca de recursos con los que disfrutar de una vida más digna y una gran mayoría zarparon en barcos clandestinos arriesgando su vida en el mar del mismo modo que hoy hacen nuestros vecinos africanos.
• Que la información que la población canaria recibe a través de los medios de comunicación y de los responsables políticos, en relación al crecimiento de la población en nuestro Archipiélago, es parcial cuando se hace ver que la superpoblación de las Islas es debida a la llegada de personas migrantes procedentes de los países empobrecidos. Según los datos del ISTAC, el 50 % de la población migrante que se asienta en las Islas proviene de los países europeos, el 40 % de los países latinos y sólo el 10 % de países africanos.
• Que los estudios realizados por las instituciones sanitarias y por las ONG’s que trabajan con los colectivos de migrantes no han detectado, durante más de diez años de trabajo, que estos sean portadores de más enfermedades que la población residente en Canarias. Resultando que las personas africanas que llegan a Canarias, justamente por haber superado un viaje largo y peligroso son las más sanas, jóvenes y fuertes.
• Que todos juntos exijamos la apertura y acercamiento de los Centros de Internamiento a la sociedad, como forma con la que mitigar los prejuicios a los que la ciudadanía se enfrenta al abordar el fenómeno migratorio y de actuar en consecuencia, con la solidaridad y la comprensión que las personas migrantes merecen. El contacto directo es una herramienta básica para evitar la xonofóbia y el racismo por lo que exigimos gozar de libertad para efectuar este contacto.
Las Organizaciones que REFRENDAMOS ESTA COMUNICACIÓN, entendemos que nuestras reivindicaciones son sólo “parches” necesarios ante una situación de urgente necesidad “local” y sabemos que la única solución viable a medio y largo plazo es un cambio en las reglas del comercio internacional “global”, de forma que se gestione un consumo responsable, se cancele la deuda externa, se garantice la utilización y distribución justa de los recursos de cada país, se realicen programas de codesarrollo con los países empobrecidos, y en definitiva se tomen todas cuantas medidas sean necesarias para que desaparezcan las causas que generan estos hechos: la riqueza en la que vive una pequeña parte de la población mundial, a costa de la otra empobrecida y explotada.
En Santa Cruz de Tenerife a 27 de septiembre de 2006
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